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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
La Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva (ALAMES) exigió al gobierno que para controlar la ola de violencia haga uso de las funciones del Estado, pero sin violentar las garantías constitucionales, las medidas tomadas hasta hoy, como el Régimen de Excepción violentan los derechos humanos fundamentales e incrementan el daño ya significativo a la salud mental de la población agregando más estrés.
A criterio de ALAMES, la medida del Régimen de Excepción incrementa el autoritarismo y disminuye la democracia ya en detrimento, el gobierno debe comprender que su política de seguridad caracterizada por la tregua e impunidad hacia el crimen organizado ha traído el fortalecimiento de las pandillas, como lo demuestra los más de 70 homicidios registrados durante el pasado fin de semana.
“La total inoperatividad o complicidad del ministro de Defensa, del Organismo de Inteligencia del Estado, de los funcionarios de la Fiscalía General de la República, los jueces y demás funcionarios impuestos en las estructuras judiciales, pues han demostrado capacidad solamente para calumniar, perseguir, capturar y desmantelar al crimen organizado en el país”, expresó ALAMES en un comunicado.
Asimismo, exigió al gobierno dar muestras claras de su promesa de combate al crimen organizado iniciando el procesamiento o la extradición de los cabecillas e investigando y desmontando su red de contactos gubernamentales; así como rendir cuentas claras a la población sobre la total ausencia de resultados del Plan Control Territorial, así como del uso de los fondos asignados a dicho programa, tomando en cuenta que es un rotundo fracaso.
ALAMES pidió aclarar para desvanecer el temor adicional de la población que esta ola de violencia solo pretende encubrir o evitar las protestas derivadas de una probable privatización o uso ilegal de los fondos de pensiones y al mismo tiempo aprovechar la suspensión de garantías constitucionales para incrementar las capturas de sus opositores políticos.
Mientras tanto, el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES) condenó los asesinatos de personas inocentes ocurridos durante el fin de semana, lo cual refleja la ineptitud del gobierno de cumplir con sus obligaciones de seguridad al pueblo salvadoreño. El Régimen de Excepción deja bajo criterio de las autoridades de seguridad el criterio de detenciones arbitrarias de toda persona que demuestre oposición al gobierno, también será utilizado para reprimir cualquier protesta pública.
“Si la detención ilegal, con saña, sin el debido proceso y el consecuente encarcelamiento y aislamiento de nuestros familiares fue un acto de odio y revanchismo político, lo es más aun con el Régimen de Excepción, es grave que siendo presas y presos políticos los traten como delincuentes y los mantengan encerrados sin recibir sol, aire y la alimentación necesaria, estas medidas carcelarias son torturas y una franca violación a los tratados internacionales sobre derechos humanos”, afirmó COFAPPES.
Desde el pasado sábado la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a 1,400 miembros de estructuras de pandillas en distintos puntos del país, la mayoría de los arrestos de pandilleros fue luego de la entrada en vigencia del Régimen de Excepción, el cual establece que la detención administrativa de arrestados puede durar hasta 15 días y no 72 horas como constituye el plazo máximo que una persona puede estar detenida sin enfrentar una acusación previo a una audiencia inicial en un proceso regular.
El presidente de la Republica, Nayib Bukele, afirmó que se mantendrá mayor rigurosidad al interior de los recintos penitenciarios, como racionar la cantidad de comida a los privados de libertad, dormir sin colchonetas y evitar que salgan a las áreas comunes. La PNC ha desarticulado estructuras criminales en San Miguel, Morazán, La Unión, La Paz, San Salvador, Sonsonate y La Libertad.
