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Ramala/Prensa Latina
El gobierno palestino reiteró hoy su condena a varias medidas de represalias adoptadas por Israel en su contra al considerarlas racistas y un ataque a la comunidad internacional.
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados cuestionó en un comunicado las acciones de Tel Aviv tras la decisión de la Asamblea General de la ONU de pedir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una opinión consultiva sobre la ocupación israelí.
Las medidas vengativas contra el pueblo palestino son un ataque directo a la solicitud de la Asamblea y una afrenta a la CIJ, alertó. El mundo debe exigir a ese país poner fin a sus sanciones y cumplir con las reglas internacionales o de lo contrario rendir cuentas por sus violaciones, subrayó.
La pasada semana el gobierno ultraderechista de Benjamin Netanyahu anunció varias medidas contra la Autoridad Nacional Palestina (ANP) por solicitar e impulsar la votación en la ONU.
Aprobada por 87 votos a favor, 26 en contra y 53 abstenciones, la iniciativa pidió también a ese órgano de justicia pronunciarse sobre el conflicto y que investigue las leyes discriminatorias y las medidas de Tel Aviv para cambiar la composición demográfica de Jerusalén oriental.
La cancillería palestina celebró entonces la votación y resaltó la importancia de pedir a la CIJ una opinión de asesoramiento legal sobre la naturaleza de la ocupación israelí y la necesidad de definir las responsabilidades y deberes de la comunidad internacional ante el tema.
En respuesta, ese país paralizó todas las construcciones palestinas en el área C, una zona que representa el 60 por ciento de Cisjordania y bajo control directo israelí desde 1967.
Además, anunció la incautación de 139 millones de séqueles (unos 39 millones de dólares) de los fondos fiscales recaudados en nombre del gobierno palestino y la adopción de medidas contra las organizaciones que promuevan “cualquier actividad hostil” hacia el Estado judío, incluida acciones políticas y legales.
Ante la situación, la ANP rechazó tales acciones y ratificó que continuará la lucha política, diplomática y legal para poner fin a la ocupación.
Los derechos de los palestinos no son negociables, advirtió en un comunicado el portavoz de la Autoridad, Nabil Abu Rudeina.
En otro comunicado, el primer ministro Mohammad Shtayyeh criticó también el robo de los fondos palestinos por parte de la vecina nación.
