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Jenny Vásquez
El Estado salvadoreño reconoció hoy su responsabilidad por las desapariciones forzadas de niños y niñas en el Caso “Rochac Hernández y otros vs. El Salvador”, sale ocurridas entre los años 1980 y 1982.
Dicho reconocimiento estuvo a cargo del canciller de la República, check Hugo Martínez, cheap en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 14 de octubre de 2014, en dicho caso.
“En mi calidad de ministro de Relaciones Exteriores de la República de El Salvador, y con instrucciones del señor Presidente de la República, profesor Salvador Sánchez Cerén, en nombre del Estado salvadoreño pido perdón”, expresó Martínez durante el acto que tuvo como escenario la plaza Cívica de San Salvador.
En esta línea, Martínez reafirmó el compromiso del gobierno de priorizar políticas en las que prevalece el respeto a los Derechos Humanos, la voluntad por continuar el trabajo para el esclarecimiento de la verdad en los casos de desapariciones forzadas de niños y niñas y el impulso de acciones para la búsqueda de los mismos.
Es de destacar que este caso fue sometido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte Interamericana, en el cual se relaciona con la alegada desaparición forzada de los niños: José Adrián Rochac Hernández, Santos Ernesto Salinas, Manuel Antonio Bonilla Osorio y Ricardo Ayala Abarca, así como de la niña Emelinda Lorena Hernández, entre 1980 y 1982. Dichas desapariciones fueron en circunstancias con características similares, en el marco del conflicto armado, tras la ejecución de operativos militares de la llamada “contrainsurgencia”.
Los menores fueron vistos por última vez junto a miembros de las fuerzas armadas, quienes se los habrían apropiado y supuestamente dispuesto de su destino. A la fecha, no habría sido establecido el destino o paradero de ninguna de las presuntas víctimas y los hechos se encontrarían en la impunidad, pues el Estado no habría llevado a cabo una investigación seria y diligente, en un plazo razonable, sobre la alegada
desaparición forzada de las presuntas víctimas como mecanismo para garantizar sus derechos, así como para asegurar los derechos a la verdad, justicia y reparación de sus familiares.
Respecto a este reconocimiento, el procurador de Derechos Humanos, David Morales, presente en el acto, felicitó al gobierno y expresó su beneplácito porque el reconocimiento se realizara el mes en que se conmemora el 35 aniversario del asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, pues da dignidad a las víctimas.
