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Mirna Jiménez
Diario Co Latino
La presidenta del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), Karla Albanés, manifestó que el actual gobierno ha implementado una serie de medidas para recuperar la reforma agraria que fue atacada sistemáticamente durante los Gobiernos de ARENA.
“Ha sido hasta en este Gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén, en donde hemos empezado a hacer justicia agraria, por su puesto que nos hace falta mucho por recorrer”, manifestó Albanés en entrevista con el canal 29 (Genteve).
La titular del ISTA dijo que en el actual Gobierno se hacen esfuerzos para legalizar unas 50 mil escrituras de propietarios de tierras de la reforma agraria con el objetivo de darles seguridad jurídica a miles de agricultores que fueron beneficiados con este proceso, que comenzó el 6 de marzo de 1980 y que cumple 37 años.
La funcionaria manifestó que durante los gobiernos de derecha, especialmente de ARENA, se atentó deliberadamente para acabar con la reforma agraria con una serie de medidas como la falta de asistencia técnica y financiera que llevó a la venta de muchas de estas propiedades por parte de los cooperativistas.
“Las cooperativas, la mayoría se las acabaron, por falta de asistencia técnica, por falta de asistencia económica, por falta de voluntad de los gobiernos anteriores, especialmente los gobiernos de derecha, y si nosotros queremos hablar de un país productivo, tenemos que contar con las cooperativas de la reforma agraria”, señaló.
Añadió que la institución que dirige ha comenzado a hacer un recuento de las cooperativas de la reforma agraria que existen en todo el país y cuál es su actual condición legal, de producción y financiera.
Por su parte, el presidente de la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria (CONFRAS), Abel Lara, presente también en la entrevista de Genteve, sostuvo que las maniobras implementadas por la derecha para destruir la reforma agraria se encuentran la aprobación de reformas legislativas que eran impulsadas por la fracción legislativa del partido ARENA, cuyo principal objetivo era devolver a sus financistas las tierras que habían perdido.
Una de esta reforma legislativa fue el decreto 747 para parcelar las tierras de la reforma agraria y luego el decreto 719 que abrió las puertas para que los campesinos vendieran sus propiedades individuales.
“A través del ISTA imponían los gerentes para las cooperativas, imponían un promotor que tenía que ser pagado desde la cooperativa, y este gerente era la cabeza principal que corrompía los consejos de administración de las cooperativas para que se endeudaran en más de su capacidad financiera para que estas tierras, con ese amaño, pudieran regresar a manos de sus antiguos dueños”, explicó el dirigente campesino.
Es estos casos, dijo Lara, sí existía asistencia técnica pero utilizada de manera perversa para profundizar el endeudamiento de las cooperativas y poder robar las tierras. “Ese era el acompañamiento que tuvimos desde que nace la reforma agraria hasta 1992 y por eso nace CONFRAS, para defender la tierra y porque sabíamos la perversidad del gobierno a través de estas maniobras”, señaló.
Añadió que el ataque a la reforma agraria se profundizó en 1994, cuando diputados de ARENA aprobaron los citados decretos para parcelar y poder vender las tierras de las cooperativas.
“El decreto 719 abre la puerta para poder vender la tierra de las cooperativas, entonces, estos decretos fueron totalmente destructivos para el sector reformado”, denunció.
Albanés también coincidió con Lara en que hasta antes de la llegada de la izquierda al Gobierno hubo maniobras corruptas en los gobiernos de derecha que provocaron la desestabilización de las cooperativas de la reforma agraria y el despojo de tierras que habían sido asignadas a campesinos.
Puso el caso de la cooperativa La Labor de Ahuachapán, donde los administradores adquirieron un préstamo por 1 millón de dólares el cual, según el acuerdo legal, sería pagado en seis meses a pesar de que la cooperativa no tenía capacidad técnica ni financiera de hacerlo, causando con ello el embargo de las propiedades. “Buscan el subterfugio jurídico para el despojo”, denunció.
La funcionaria dijo que se trata solo de un modus operandi de funcionarios corruptos para despojar de las tierras a trabajadores agrícolas que con justicia han sido beneficiados.
“En los Gobiernos de derecha, las cooperativas fueron saqueadas. La corrupción en el ISTA fue evidente y gracias a la Fiscalía General de la República, algunos acusados recibieron procesos abreviados”, cuestionó.
Otra estrategia para el despojo de tierras fue intentada en la cooperativa Copapayo donde se habían hecho acuerdos jurídicos para parcelar la propiedad y que esta pudiera ser vendida de manera fraccionada a empresarios privados. Esta situación fue frenada en dos semanas “que fueron cruciales para que la cooperativa no perdiera sus tierras”, afirmó.
Albanés afirmo que el actual gobierno está haciendo esfuerzos para cumplir con una reivindicación justa del sector campesino. “Estamos rescatando parte de lo que ha quedado de las cooperativas de la reforma agraria, aplicando la ley como debe de ser”, señaló.
