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Mirna Jiménez
Diario Co Latino
El Gobierno de Salvador Sánchez Cerén tiene proyectado reducir el hacinamiento penitenciario en más del 200% dijo anoche el director de Centros Penales, Rodil Hernández.
El funcionario, entrevistado en el programa Debate de canal 35, manifestó que para el presente año el Gobierno tiene programada la creación de 12 mil nuevos cupos en el sistema carcelario del país.
“Vamos a generar en el año 2017 alrededor de 12,000 nuevos cupos con la construcción y puesta en marcha ya próxima, en el mes de febrero, de los dos nuevos centros penales de Izalco, que es un régimen duro, es un régimen ordinario de mediana seguridad”, señaló.
Incluye 3,340 espacios para reos de mediana peligrosidad, 214 celdas más de máxima seguridad distribuidas en cuatro cetros penales: Mariona, Quezaltepeque, Izalco y Ciudad Barrios.
También se generarán 3 mil nuevos espacios de semilibertad, de estos son mil para mujeres de la granja Izalco, más mil en Santa Ana y otros mil en Zacatecoluca. Otros nueve mil espacios serán rehabilitados para reos de baja peligrosidad, explicó.
“Además ya recibimos dos ofertas en la licitación pública internacional en el tema de los brazaletes electrónicos ¿qué buscamos con los brazaletes? Va generar otra condición en la cual podemos tener 2 mil unidades que pueden servir para que en lugar de detención provisional podamos generar condiciones para medidas cautelares”, señaló.
En la actualidad, el sistema carcelario alberga a 37 mil reclusos, lo que implica un 373 por ciento de hacinamiento respecto a la capacidad de las cárceles del país, señaló el funcionario, quien agregó que esta saturación posiblemente es la más grande de todo el continente.
“Muy poco se puede hacer ante este problema de sobrepoblación, los recursos se vuelven escasísimos, los planes se vuelven muy difíciles de ejecutar, los plazos que se necesitan para solventar el problema se vuelven muy largos”, señaló.
Sin embargo, para el director de Centros Penales es una consecuencia de la “falta de planificación” y de la falta de acción de gobiernos anteriores para enfrentar el problema.
Hernández dijo que en los próximos siete años, la población carcelaria seguirá creciendo y que por cada 50 nuevo reclusos, aproximadamente 30 personas terminan su condena y salen libres. “Muy poco se pude hacer ante este problema de sobrepoblación, los recursos se vuelven escasísimos, los planes se vuelven muy difíciles de ejecutar, los plazos que se necesitan para solventar el problema se vuelven muy largos” . Sin embargo, aproximadamente en 2021, la lista de reos liberados se volverá más corta pues muchos de los nuevos presos cumplirán condenas más largas. “Cada vez van a quedar más personas en las prisiones, hoy lo que tenemos es una cantidad de privados de libertad que tienen penas de entre 1 y 10 de prisión”, explicó.
El director de Centros Penales también se refirió a la aplicación de beneficios penales a unos 500 prisioneros, quienes serán favorecidos atendiendo los pedidos de clemencia que ha enviado el papa Francisco a los diferentes gobiernos.
Por otro lado, Hernández desmintió que se haya introducido un arma corto punzante para asesinar la semana pasada a un reo que guardaba prisión dentro del penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca.
El titular de la DGCP aseguró que se utilizó un arma hechiza fabricada con una pequeña pieza que llevan los barrotes de una celda. Recordó sin embargo que antes de 2009, los reos eran los que mandaban en la cárcel de Máxima Seguridad de Zacatecoluca donde ingresaban libremente teléfonos celulares y otra serie de implementos, además de que tenías llaves de las celdas, aseguró.
Hernández negó además que se le esté dando un trato preferencial al expresidente de la República, Elías Antonio Saca y algunos de sus funcionarios quienes están recluidos en el penal La Esperanza de San Luis Mariona, bajo detención provisional acusados de cometer delitos de corrupción.
El funcionario manifestó que su obligación es garantizar la integridad de los procesados para que estén presentes en todas las fases del juicio y en el caso del exmandatario y los otros detenidos, se trata de personas que han ejercido cargos en el Estado por lo que tienen un importante nivel de riesgo.
