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“Exigimos la libertad de los dirigentes populares y de todas las víctimas inocentes del Régimen de Excepción, demandamos el cese de la represión y la persecución política”.
Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Las organizaciones que conforman el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) condenaron las capturas arbitrarias de los líderes comunitarios de Hacienda La Floresta, Medardo Rodríguez y Alejandra Cañas, así como el vocero de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC), Fidel Zavala, acciones con las que el gobierno quiere silenciar las voces de quienes denuncian constantes violaciones.
“Condenamos el allanamiento a la casa de Ivania Cruz, abogada de UNIDEHC, el régimen inconstitucional y dictatorial del clan Bukele trata de atemorizar a las organizaciones populares, en un contexto caracterizado por el aumento del malestar social, las denuncias y protestas contra las violaciones a los derechos humanos, la creciente lucha contra minería, los despidos y el alto costo de la vida”, indicó Sonia Urrutia, dirigente del BRP.
Destacó que estos hechos represivos han estado precedidos por el intento de condenar a los líderes de Santa Marta, con una larga trayectoria de lucha contra la minería, la captura arbitraria del ex magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Eugenio Chicas, defensor de la justicia y la paz en el país, así como de la continuidad de las capturas arbitrarias durante el Régimen de Excepción.
Marisela Ramírez, dirigente del BRP, señaló que la captura de Fidel Zavala ocurrió la tarde del 25 de febrero, horas después que junto a Sonia Urrutia presentaron una demanda ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) por la captura ilegal de los dirigentes de La Floresta.
Zavala fue capturado en las oficinas de UNIDEHC se lo acusa de agrupaciones ilícitas, usurpación o tratar de hacerse pasar por abogado y estafa en la comunidad La Floresta, San Juan Opico, La Libertad.
“Fidel Zavala es conocido por todos como un defensor de derechos humanos, que ha puesto sobre la mesa y ha destapado los maltratos, torturas y los asesinatos en las cárceles. El gobierno está fabricando un caso, tratando de manipular lo que ocurre en La Floresta, para dañar a referentes de la comunidad, sino además dirigentes de UNIDEC”, enfatizó Ramírez.
La madrugada de este 26 de febrero, agentes policiales llegaron a la Hacienda La Floresta para arrestar a más dirigentes de la comunidad, es decir, no solo a los que capturaron el 9 de febrero, acusados de estar vendiendo terrenos por 100 y 200 dólares.
“Han hecho una redada, incluso, se han llevado presas a personas de la comunidad, incluida una mujer en estado de embarazo. Este acto de la Fiscalía en San Juan Opico, no es más que una acción sumada a toda la persecución política impulsada por el gobierno de Bukele, que tiene la intención de intimidar y acallar las voces de quienes estamos al frente de la denuncia de los graves retrocesos democráticos y políticos que ahora sufre el país”, externó.
Desde hace años esta comunidad ha llevado un proceso por la lucha de la legalización de sus tierras y como civiles tienen derecho a exigir, que se garantice estabilidad a su condición de vivienda. Este proceso ahora está siendo judicializado a partir que UNIDEHC ha dado un acompañamiento a estas familias.
“El llamado es a la comunidad internacional y a las organizaciones a nivel nacional, para que defendamos la vida, la libertad y la justicia, reafirmamos estas ideas porque nos quieren poner etiquetas de terroristas y delincuentes cuando en realidad lo que buscamos es justicia”, dijo la representante del BRP.
Fidel Zavala permaneció detenido 13 meses y desde que fue liberado ha denunciado públicamente las torturas y muertes ocurridas en las cárceles de El Salvador durante el Régimen de Excepción implementado por el gobierno de Bukele desde marzo de 2022. El vocero de UNIDEHC fue detenido en febrero de 2022 acusado de estafa, cargo del cual fue absuelto tras demostrar su inocencia.
En diciembre de 2024, Zavala junto a UNIDEHC, presentó una denuncia ante la PDDH contra varias instituciones incluyendo la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR), por acoso y persecución estatal.
Previamente a esta denuncia, los agentes llegaron a la casa de la madre de Zavala en busca de información sobre su paradero, lo que fue interpretado como un acto de intimidación debido a sus denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en las cárceles salvadoreñas.
Ivania Cruz, abogada de UNIDEHC, explicó que el allanamiento en las oficinas de la organización es debido al caso de Hacienda La Floresta, el cual finalizó a las 4.00 am del 26 de febrero, no serán necesarios los 5 días porque no encontraron ningún ilícito.
“Denuncio que algunos objetos y herramientas de trabajo que se llevaron no tiene ninguna relación al caso La Floresta y son propiedad privada de terceras personas, las cuales no tenían por qué incautarlo. De mi vivienda se llevaron únicamente una caja fuerte que posee documentos privados de mi hermano y en casa de Fidel Zavala no se llevaron nada”, detalló.
Asimismo, informó que la mañana de este miércoles en el centro judicial de San Juan Opico, se desarrolló la audiencia inicial de los líderes de la Floresta, Medardo Arnoldo Rodríguez Hernández y Alejandra Jeanette Cañas, quienes fueron absueltos por resistencia agresiva, sin embargo, el juez decretó instrucción con detención por el delito de comerciar lotificaciones de manera ilegal.
“Se condena estos abusos que hacen a los habitantes de la comunidad, por intereses empresariales aliados al gobierno de Bukele, como la persecución política que las autoridades están ejecutando, han capturado aproximadamente a 28 personas de Hacienda La Floresta, incluyendo una mujer embarazada”, reiteró Cruz.
Reacciones y pronunciamientos
La Comunidad Santa Marta condenó la detención arbitraria de Fidel Zavala, allanamiento a las oficinas de UNIDEHC y la vivienda de la abogada y defensora de derechos humanos, Ivania Cruz, lo cual constituye una intimidación y hostigamiento a las personas y organizaciones, que luchan por la justicia y la protección de los derechos humanos en El Salvador.
“Alzamos nuestra voz para denunciar la captura arbitraria de Fidel Zavala, quien el 17 de julio de 2024 denunció ante la FGR al director general de Centros Penales y viceministro de Seguridad Pública, Osiris Luna, y a los directores de las cárceles de Cutumay Camones, en Santa Ana, y Mariona, por actos arbitrarios, incumplimiento de deberes, cohecho, o sea, corrupción y tortura”, señaló a través de un comunicado la Comunidad Santa Marta.
A criterio del Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico, la detención de Zavala y los allanamientos a la vivienda de la abogada Cruz y oficinas de UNIDEHC, forman parte de un contexto más amplio de hostigamiento hacia dicha organización, incluyendo la difusión de información falsa por medios gubernamentales, lo que ha generado un ambiente de intimidación y miedo entre nuestros miembros.
“Exigimos que cesen todas las acciones de acoso y persecución contra el personal de UNIDECH, garantizando su seguridad y libertad para continuar su labor en defensa de los derechos humanos”, indicó.
A la vez, el Movimiento solicitó una investigación imparcial sobre las acciones de la FGR y la PNC en este caso, para esclarecer las motivaciones detrás de estas detenciones y garantizar que se respeten los derechos constitucionales de todas las personas involucradas.
Hizo un llamado a la comunidad nacional e internacional a unirse en el repudio de estas acciones represivas arbitrarias, a exigir libertad inmediata para Fidel Zavala y el cese al acoso policial contra defensores de derechos humanos en el país.
Además, Cristosal expresó su preocupación por la detención de Fidel Zavala, ocurrida la noche del 25 de febrero de 2025, así como por el allanamiento simultáneo de la vivienda de la abogada Ivania Cruz, ambos ejercen un activismo público en defensa de los derechos humanos en El Salvador y son voceros de UNIDECH, que brinda defensa penal en casos de detenciones arbitrarias cometidas durante el Régimen de Excepción.
La detención de Zavala se produjo después de que acompañara la presentación de una denuncia ante la PDDH en relación con la detención de dos líderes de la comunidad «La Floresta», quienes luchan para evitar el desalojo de las tierras que ocupan desde hace varios años.
“Los perfiles de Fidel Zavala e Ivania Cruz, junto con las modalidades de las acciones emprendidas en su contra por autoridades fiscales y policiales, sugieren una posible motivación de represalia e intimidación por su labor en la defensa de los derechos humanos y el acompañamiento a víctimas de abusos”, recalcó Cristosal.
Cristosal exhortó a las autoridades policiales, fiscales y judiciales para que se abstengan de someter a las personas capturadas a condiciones de detención inhumanas, incomunicación y a que respeten su derecho a la defensa y al debido proceso judicial, especialmente en un contexto donde tales garantías han sido vulneradas de manera generalizada durante el Régimen de Excepción.
“En el caso específico de Zavala, urge a las autoridades a que eviten colocarlo bajo la custodia de los funcionarios que él mismo ha denunciado, como responsables de torturas y muertes de personas privadas de libertad”, agregó.
Mientras tanto, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) consideró que la detención arbitraria de Fidel Zavala y los allanamientos a las oficinas de UNIDEHC, así como a la vivienda de la abogada Ivania Cruz ocurren en un contexto de represalias, evidencian un claro intento de intimidar y hostigar a las personas y organizaciones que luchan por la justicia y protección de los derechos humanos en El Salvador.
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