Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Samuel Amaya
@DiarioCoLatino
Luego que el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain, entregara a la Asamblea Legislativa la propuesta de Ley de Agentes Extranjeros, para según las autoridades “transparentar” todo recurso financiero extranjero que se les brinda a las organizaciones no gubernamentales, diputados han reaccionado y dicen que lo que se pretende es asfixiar a las ONGs.
Bidegain dijo que la normativa contempla que un agente extranjero no podrá otorgar dinero a ninguna persona natural o jurídica, partido u organización para hacer actividades políticas en El Salvador. “La ley nos permitirá defender la soberanía y dignidad del país”, señaló en conferencia de prensa, junto al jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, durante la noche del martes.
El funcionario reiteró que con la ley se busca la prohibición de injerencia extranjera y se impide que fundaciones y oenegés “de fachada” disfracen de donación lo que “claramente” es una intervención para patrocinar asuntos políticos, manifestó el ministro Juan Carlos Bidegain.
Según dijo el ministro de Gobernación, se creará el Registro de Agentes Extranjeros, como una nueva dirección de la cartera de Estado que él preside. En ella, se deberán inscribir todos los sujetos obligados conforme a la nueva ley. El registro tendrá autonomía funcional y técnica”, expuso. Sin embargo, no se ha profundizado en el tema.
Los sujetos obligados tendrán 90 días para inscribirse, mientras no se cumple con esta obligación, las organizaciones tendrán prohibido realizar algún tipo de actividad, movimientos de recursos financieros o bienes materiales.
El jefe de bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara, sostuvo que lo que buscan “es evitar la injerencia extranjera”. “Esta ley impedirá que estas mal llamadas ‘fundaciones’ reciban dinero y que lo disfracen de donación”, dijo.
Esta iniciativa surge en medio de críticas de parte del gobierno a los sectores organizados que salen a las calles a marchar por no estar de acuerdo con las políticas del gobierno en turno. Bukele y su bancada en la Asamblea han reiterado que los organizadores de las marchas reciben ayuda financiera de la comunidad internacional, por lo cual, con esta ley, se tendrá un mayor control sobre las oenegés que el gobierno de Bukele ha mostrado ser poco tolerante con aquellos que no comparten su misma visión.
“Algunos periódicos, algunas ONG y fundaciones, van a pegar el grito en el cielo con esta propuesta de ley, pero si piden transparencia lo que ellos deben de dar es transparencia”, destacó el legislador. Sin embargo, el Portal de Transparencia de la Asamblea Legislativa ha reservado por 7 años las informaciones con respecto a la cantidad de personal laborando en la institución así como los sueldos, esto con el aval de la Junta Directiva, controlada por Nuevas Ideas. Sumándose también, que Nuevas Ideas nunca ha presentado informes y gastos.
Entre tanto, Guevara afirmó que la Ley de Agentes Extranjeros se ejecuta en varios países del mundo y ahora se va a implementar en El Salvador. “Lo que buscamos es prohibir todo ingreso que es disfrazado como ayuda. Esta es una muestra de que estamos combatiendo todo tipo de corrupción”, externó.
El legislador concluyó que instituciones como la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) y CRISTOSAL, que según Guevara, han estado activas recibiendo fondos últimamente, tendrán que declarar de dónde vienen esos ingresos y para qué los van a utilizar.
La parte del Gobierno
La iniciativa de ley se conoció hasta la mañana de este miércoles, y entre los 15 artículos que contiene el anteproyecto de ley destaca el artículo 10 que establece un “Impuesto sobre transacciones”, este dice: “por cada transacción financiera, desembolsos, transferencias o cualquier otro, y que sean provenientes de fondos del mandante extranjero, sea a través de donaciones, pagos u otro, se aplicará un impuesto del 40 %”.
Sin embargo, los diputados oficialistas afirmaron que ese 40% no serán aplicables a las instituciones que brindan un servicio altruista, como por ejemplo, Cruz Roja, Cruz Verde, Comandos de Salvamentos y similares.
Ese 40% que el Gobierno quitará a las organizaciones serán por ejemplo a aquellos dedicadas en un 100% de ayuda extranjera, como medios de comunicación digital que dicho sea de paso, resultan incómodos para el oficialismo.
El jefe de bancada de NI, Christian Guevara, señaló a El Faro, Revista Factum y Gato Encerrado de recibir ayuda internacional y que no los declaran.
Al respecto, la diputada Claudia Ortiz, de VAMOS, sostuvo que con esta acción, simula otro tipo de prácticas para cortarle el flujo de recursos que permiten trabajar a diferentes organizaciones e instituciones como medios de comunicación o a la academia.
Ley similar a la de Nicaragua
El diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Cesar Reyes, sostuvo que el Gobierno está copiando la Ley de Nicaragua y la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió que se derogara, ya que es una ley que busca degradar la democracia y debilitar la participación de los actores en la misma, arremetió el legislador.
Reyes hizo una comparación de varios artículos entre la Ley de Nicaragua y la propuesta de Ley del Gobierno de El Salvador. Hizo mención que varios artículos coinciden casi textualmente entre ambas leyes. Además, el nombre de la ley es el mismo.
“Solo les falta usar la fuerza para detener las diferentes formas de expresión o cerrar medios de comunicación.
Ya iniciaron la persecución a las organizaciones civiles, y ya no existe una institucionalidad donde los salvadoreños se puedan resguardar ante una amenaza”, destacó Reyes.
Sin embargo, los oficialistas recalcaron que la Ley es con base a la Ley FARA de Estados Unidos, aprobada en 1938.
justamente, el presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó en sus redes sociales y dijo que, los que exigen rendición de cuentas, “no han dormido por estar quejándose de que se les exija rendición de cuentas (…). No tienen ni un tan solo argumento real para defenderse, solo les queda la desinformación”.
Esta ley viene días después que las autoridades estadounidenses anunciaran que iban a invertir $300 millones en el triángulo norte para organizaciones que velan por los derechos humanos, promuevan la transparencia y rendición de cuentas.
