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Ante la ejecución del desalojo ordenado por la Sala de lo Constitucional, de 76 familias de la comunidad El Espino, el Gobierno reiteró el apoyo económico destinado a ellos, a través de las instituciones del sector vivienda.
Este apoyo fue anunciado por el gobierno en abril de este año, pero hasta la fecha no todas las familias se avocaron al beneficio.
El 9 de febrero de 2017, la Sala de lo Constitucional resolvió que los habitantes de la comunidad debían ser desalojados dentro de un plazo máximo de seis meses. El fallo además trasladó la responsabilidad de reubicar a las familias al Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano.
“El programa definido para las familias de El Espino permite asignar $4 mil y $12 mil dólares. Los pueden usar para adquirir un inmueble”, indicó Roberto Góchez, titular del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano.
El desalojo fue promovido por la familia Dueñas Herrera, en 2015, ante el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán, que calificó a las familias como “usurpadoras”.
