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Por Mihaela Rodina
Bucarest/AFP
El Gobierno rumano estaba bajo presión este lunes ante las nuevas manifestaciones previstas por la noche, un día después de una movilización récord de medio millón de personas, muchas de las cuales exigieron la dimisión del Ejecutivo.
Aunque el primer ministro derogó el domingo el decreto que provocó las protestas, un texto que despenalizaba delitos de corrupción, los manifestantes no tienen intención de detener el movimiento iniciado hace seis días en este país de 20 millones de habitantes.
El domingo por la noche, al menos 500.000 personas, según los medios rumanos, llenaron las calles de Bucarest y de unas 50 ciudades de Rumanía, gritando palabras como «dimisión» y «ladrones».
El Gobierno dirigido por Sorin Grindeanu «no tiene ningún motivo para dimitir», aseguró el líder del gobernante Partido Socialdemócrata (PSD) Liviu Dragnea, tras una reunión de los diputados de esa formación.
Pero, en las redes sociales, continúa la movilización popular, la mayor desde 1989.
«Si volvemos a bajar a la calle esta noche no resistirán. Es ahora o nunca, sería magnífico si pudiéramos ser aún más numerosos», escribe un internauta, Galbus, en la cuenta de Facebook «Coruptia ucide» (la corrupción mata), utilizada por los manifestantes.
«Somos millones de rumanos que comparten los mismos temores y el mismo deseo de no dejar que los políticos corruptos acaparen Rumanía», escribe la página #Resist.
El Ejecutivo socialdemócrata intentó apagar el incendio el domingo, al derogar el decreto de urgencia que habría permitido que varios políticos se libraran de la justicia.
El ministro de Justicia, Florin Iordache, criticado por haber adoptado esa revisión del código penal mediante decreto, anunció que el Parlamento estudiará próximamente un proyecto de ley que tomará en cuenta las críticas populares.
Pero ese anuncio no ha convencido a los manifestantes. «Quieren volver con un nuevo texto al Parlamento. Seguiremos atentos para que no nos engañen», dice Daniel, de 35 años.
El Gobierno cierra filas
Entre otras cosas, el decreto aprobado por el Gobierno el pasado martes establecía un mínimo de 44.000 euros para poder empezar a perseguir los delitos financieros y reducía las penas de cárcel por corrupción.
Sus críticos temían que el texto atestara un duro golpe a la lucha contra la corrupción, que se intensificó en los últimos años en el país.
El analista político Cristian Tudor Popescu compara al Gobierno de Grindeanu con «un ladrón que espera ser perdonado si devuelve lo que ha robado», una actitud que no pondrá fin a las manifestaciones, según él.
«Los manifestantes han ganado la primera batalla. La guerra pasa ahora por el Parlamento y el Tribunal Constitucional», afirmaba el diario rumano Adevarul en su portada.
Pese a la retirada del decreto, el Constitucional deberá pronunciarse sobre varios recursos presentados la semana pasada contra la ley.
Grindeanu, de 43 años, que lleva un mes en su cargo, descartó presentar su dimisión al asegurar que «tenía una responsabilidad para con los rumanos» que votaron masivamente por su partido en las legislativas del 11 de diciembre.
Un millar de partidarios de su partido protestaron ante el palacio presidencial con el jefe de Estado, Klaus Iohannis (centroderecha), al que acusan de haber «fomentado» las protestas contra su primer ministro.
El presidente, abiertamente opuesto al Gobierno, pronunciará el martes un discurso ante el Parlamento, en el que se espera que critique cualquier intento de obstaculizar la lucha anticorrupción.
A pesar de las críticas en el seno del PSD y la dimisión de un ministro la semana pasada, la mayoría de centroizquierda cierra filas, y la moción de censura que presentará la oposición el miércoles antes el Parlamento parece abocada al fracaso.
Dragnea, que tiene fama de ser el «primer ministro en la sombra», endureció el tono el domingo, al afirmar que había «un plan para derrocar al Gobierno» y al pedir que se investigara «quién financia» a los manifestantes.
