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@elder_gomez_2
El gobierno salvadoreño ha buscado una nueva estrategia para combatir, viagra “en vaca”, check la ola delincuencial, que en lo que va de enero ha cobrado la vida de casi 200 personas, entre ellos la de siete policías.
Sumado a ello, las autoridades salvadoreñas, agobiadas por el “boom” de la criminalidad, principalmente en acciones entre grupos pandilleriles, que llevó a registrar este mes hasta 14 asesinatos diarios, buscan que el congreso apruebe una serie de reformas al Código Procesal Penal para endurecer las penas contra los asesinos de funcionarios de la Seguridad Pública.
El presidente Salvador Sánchez Cerén ha advertido que en no habrá negociación con pandillas, principales causantes de la inseguridad social en El Salvador, como la supuestamente implementada fallida y cuestionada “tregua” entre esas organizaciones delictivas en la pasada administración.
De hecho, el gobierno anunció esta semana que había regresado a unos líderes de pandillas a la prisión de máxima seguridad de Zacatecoluca, en el centro del país, conocida como “Zacatraz”, como una parodia al nombre de la isla para prisioneros en la costa californiana, Alcatraz.
Los líderes de esos grupos delincuenciales habrían sido sacados de “Zacatraz” como parte de un acuerdo para reducir la ola criminal en El Salvador, que dejó 2, 841 homicidios.
Sin embargo, el Fiscal General, Luis Martínez, negó que los líderes de las principales pandillas salvadoreñas hayan sido retornados a “Zacatraz”, por una “grave indecisión de algunas autoridades penitenciarias”.
No obstante, el anuncio del supuesto regreso a “Zacatraz” de los líderes de pandillas, según una fuente de alto nivel de la Fiscalía General, consultada por Diario Co Latino, habría reducido a cuatro el número de homicidios, al menos hasta el miércoles pasado.
El Consejo de Seguridad
Sánchez Cerén promovió desde el inicio de su gestión, el 1 de junio pasado, la creación de un Consejo de Seguridad Nacional (CSN), para hacerle un frente común a la delincuencia – o “en vaca”, en el caló salvadoreño -.
El CSN está integrado por representantes de iglesias, empresarios, funcionarios y de una sarta de organizaciones de la sociedad civil, y presentó la semana pasada una propuesta integral para que no quede “piedra sobre piedra” de esos grupos delictivos que atemorizan, principalmente, a la población más desposeída de El Salvador.
El fiscal Luis Martínez se unió al llamado del gobierno a los salvadoreños para que brinden su “apoyo y colaboración” en la lucha de las instituciones del Estado contra el hampa.
“Vamos a darle todo el respaldo a la PNC y a todos los elementos de la Fuerza Armada, vamos a seguir firmes combatiendo a estas bandas criminales de holgazanes, terroristas, pandilleros, sicópatas”, sentenció el funcionario.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara, declaró el miércoles pasado que las reformas al Código Procesal Penal propuestas por el gobierno de Sánchez Cerén, buscan acortar el tiempo de los procesos penales contra asesinos de funcionarios de Seguridad Pública del Estado.
La lista incluye, además de policías, a fiscales, miembros del Sistema Penitenciario y jueces, entre otros, y las enmiendas al Código Procesal Penal proponen que los procesos legales contra asesinos de éstos, se desarrollen en dos y no en siete meses, como está estipulado hasta ahora.
“Los que cometan delitos contra la PNC (Policía Nacional Civil) – advirtió el funcionario – (serán remitidos) sin mayor trámite, a la cárcel de máxima seguridad, aún sin que hayan iniciado…porque no podemos permitir que se atente contra las instituciones del Estado”, subrayó.
Otras propuestas
El diputado de la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Guillermo Gallegos, fue más allá de la propuesta oficial, al pedir esta semana al congreso que se incrementen las penas contra los menores delincuentes, mediante reformas a la Ley Penal Juvenil.
Gallegos ha pedido al parlamento salvadoreño que “se faculte a la Fiscalía General de la República para que pueda emitir orden de detención administrativa” contra menores de edad que hayan cometido “delitos graves” y cuyas edades fluctúen entre los 16 y 18 años.
Además, enmiendas a Ley Penal Juvenil para que la detención del menor delincuente sea aumentada a ocho horas, para que éste sea puesto a la orden de la Fiscalía General.
Ernesto Angulo, de la opositora ARENA, también ha pedido sin éxito al congreso que se faculte al ejército, que en la actualidad realiza patrullajes disuasivos, en apoyo a la PNC, a ejercer labores de Seguridad Pública. “No es justo que se siga ocupando a la Fuerza Armada Salvadoreña de adorno, cuando es un recurso que puede darle seguridad real al salvadoreño”, apuntó.
