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@arpassv
Los defensores de los generales Juan Rafael Bustillo, tadalafil Francisco Elena Fuentes, Rafael Humberto Larios, Juan Orlando Zepeda y demás ex jefes militares involucrados en la masacre de los sacerdotes jesuitas de la UCA, presentaron ayer un recurso de hábeas corpus ante la Sala Constitucional.
Dicha acción legal busca evitar que estos criminales de guerra, delincuentes de lesa humanidad y violadores de los derechos humanos sean extraditados a España y paguen por el horrendo crimen cometido en noviembre de 1989.
La presentación del recurso fue posible por la negativa de las autoridades de Seguridad de cumplir con la orden de captura internacional girada por el Juez Eloy Velasco. La actitud vacilante, temerosa y cómplice del Ministerio de Seguridad y de la Policía Nacional Civil (PNC) dio margen de maniobra a la defensa de los acusados.
Los ex militares ahora están a salvo porque no pueden ser detenidos mientras la Sala resuelve el hábeas corpus. Al menos ahora el Ejecutivo sí tiene un pretexto válido para no capturarlos y llevarlos ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que ésta decida extraditarlos o no.
Las justificaciones dadas hasta ahora por los jefes policiales y el ministro de Seguridad eran risibles: decían, por ejemplo, que la CSJ debía aclarar si la resolución vigente es una del año 2012 u otra de 2015.
Esto porque en 2012 la Corte Plena resolvió que las órdenes de captura con notificación roja “sólo son para ubicar a procesados y no para detenerlos”, pero en agosto de 2015 la Sala Constitucional corrigió estableciendo que dichas órdenes “implican detención y no sólo la ubicación”. Este último criterio fue ratificado por la Corte Plena en octubre del mismo año.
Todavía ayer, las autoridades de Seguridad insistían en que la Corte debía aclarar cuál resolución es la que vale, para no cometer ninguna arbitrariedad.
Es incompresible que el Ejecutivo se muestre timorato y la izquierda actúe inconsecuente con su compromiso de combatir la impunidad, buscar la justicia y reivindicar la dignidad de las víctimas. ¿Acaso creen que habrá un golpe de Estado o juicios contra ex guerrilleros, si los militares son extraditados?
La izquierda gobernante parece que es víctima de temores infundados, actúa temorosa y le tiembla la mano.
