Alma Vilches@AlmaCoLatino
La Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) dio a conocer el “Informe de violación de derechos a la salud en las clínicas de los Centros Penales del país”, hallazgos y testimonios de un médico que estuvo en dos centros penales del país como preso político, así como diversas víctimas de detenciones arbitrarias bajo el Régimen de Excepción.
Ivania Cruz, abogada y vocera de UNIDEHC, explicó que la información recopilada en el informe, es testimonio del médico Henríquez quien estuvo recluido como preso político en el país, y actualmente está exiliado, permaneció 23 meses en prisión en dos centros penales conocidos como Mariona y Camones.
“El doctor Henríquez fue testigo de la vulneración del derecho a la salud, que tienen todos los reos, logró conocer la estructura previo al Régimen de Excepción y como posteriormente se convirtió en crisis con la vigencia de esta medida”, sostuvo.
El profesional de la medicina dijo que las condiciones de salud al interior de los centros penales siempre han sido precarias por enfermedades físicas, mentales y emocionales, provocadas por el hacinamiento, la insalubridad, alimentación inadecuada y falta de prevención y atención médica.
Reos con padecimientos de enfermedades crónicas como la tuberculosis, una enfermedad que siempre ha estado presente en los centros penales del país, que previo al Régimen de Excepción no se le daba tratamiento, únicamente se apartaba a la persona de la celda para enviarla a otro sector, pero ahora con los altos índices de hacinamiento la situación de vuelve más grave.
La estructura del sistema de salud de las cárceles se establece por un director o responsable de la clínica que se encuentra dentro de un centro penal, ellos trabajan con un cuadro básico de medicamentos en cada clínica que no cumple con los requerimientos mínimos, y los doctores que atienden son de medicina general, ninguno de ellos es especialista, además, hay reos que apoyan las labores de la clínica y se le denomina “clínico del sector”.
“El doctor Henríquez era el único médico que tenían como reo laborando en la clínica, a él se le asignó pedir los nombres de las personas que venían del Régimen de Excepción con alguna enfermedad crónica, nada más para registro de sistema y decirle al director del penal que había incrementado la población de enfermedades crónicas, no porque existiera algún seguimiento o atención médica a las personas del Régimen de Excepción”, externó Cruz.
Uno de los testimonios del doctor Henríquez es que las primeras semanas de abril de 2022 comenzó la llegada de los primeros privados de libertad por el régimen, desde que ponían un pie en el penal de Mariona los custodios los torturaban, eran maltratados de forma física, psicológica y muy cruel. En el primer día informó que varias de las personas detenidas eran hipertensas, diabético, asmático, epiléptico, con problemas de la tiroides, pero había orden del director del penal que estos no serían atendidos por la clínica, únicamente excepciones, como los casos de personas que estuviera agonizando.
El médico también narró que el primer día que ingresaron las personas del régimen a Mariona, uno convulsionó, le tomó los datos después y le dijo que había estado 15 días en bartolinas sin el tratamiento, le faltaba el medicamento carbamazepina y por eso convulsionaba a cada momento, ese reo fue uno de los que recibió golpes por los custodios, ese mismo día falleció y fue reportado como muerte por COVID-19.
UNIDEHC señaló que las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes en las cárceles es una política de castigo y terror. CRISTOSAL entrevistó a decenas de personas quienes estuvieron detenidas entre 7 y 11 meses; en su mayoría afirman que en las celdas y sectores donde estaban detenidas casi no había pandilleros, según sus cálculos éstos no sobrepasaban el 30% del total de detenidos; de acuerdo con sus testimonios, durante procedimiento de ingreso se les clasifica por civiles, civiles tatuados, activo de pandillas o retirados.
Las celdas y sectores en los que estuvieron recluidos los pandilleros eran minoría. UNIDEHC ha recopilado información de testimonios sobre víctimas que estuvieron un año o meses en prisión a consecuencia de capturas arbitrarias, de esta manera se ha podido establecer cuáles son violaciones de derechos humanos, que se han hecho por parte del Estado.
De 100 casos que actualmente representa UNIDEHC solo 19 personas ha logrado la libertad con medidas sustitutivas, de estos 15 hombres y 4 mujeres, es decir, el 12%, donde ha prevalecido situación de salud para lograr una resolución favorable.
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