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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Por segundo día consecutivo, representantes del Gobierno central e integrantes de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa se reunieron en las instalaciones de ese órgano de Estado para continuar el estudio de la nueva ley de emergencia nacional por COVID-19.
En horas de la mañana, las partes llegaron a acuerdos importantes en el articulado de la normativa tales como la obligación del Estado de garantizar medicamentos gratuitos a personas con enfermedades comunes y crónicas en cuarentena o aislamiento, así como la posibilidad de que familiares puedan proveerles medicinas.
En relación a este tema, también se acordó que los centros de aislamiento entreguen semanalmente una lista de personas con padecimientos crónicos a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
El intercambio de propuestas y establecimiento de acuerdos avanzó hasta el artículo 14 de la propuesta de ley, en donde se agregó un apartado referente a que personas mayores de 60 años que desarrollan actividades ligadas a la pandemia del COVID-19 deban hacerlo a juicio del titular de la institución para la que laboren procurando resguardar su salud.
Mario Ponce, presidente de la Asamblea Legislativa, también externó que en el caso de los salvadoreños “varados” el tiempo de cuarentena en centros de contención que guardarán a su regreso al país será de 15 días, no un mes como se estableció al inicio de la pandemia.
“A estas personas les estamos dejando que el tiempo de cuarentena debe ser de 15 días, lastimosamente somos un país en desarrollo, no tenemos todos los laboratorios ni equipos médicos de primer mundo para hacer un examen masivo”, dijo Ponce.
Tanto el Ejecutivo como los diputados coincidieron en algunos apartados de la ley que obligan al Gobierno a garantizar seguridad alimentaria y a ANDA el suministro de agua potable durante la emergencia.
Uno de los puntos que estuvo durante varias horas en la mesa de negociación tiene que ver con la vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). Los diputados proponen que la normativa funcione sin obstáculos durante la emergencia como se detalla en la legislación aprobada la semana pasada por el órgano Legislativo.
En este punto el Gobierno estuvo en desacuerdo, ya que consideró que la apertura de las Oficinas de Atención y Respuesta (OIR) generaría aglomeración de personas en estas unidades, lo cierto es que la LAIP establece que las solicitudes de información pública pueden hacerse vía internet o presencial.
En este punto, Cristina Cornejo -diputada del FMLN- indicó que los diputados muestran voluntad política para trabajar en la ley pero consideró importante el funcionamiento óptimo de las OIR.
“Comprendo lo dicho por el secretario jurídico que hay instituciones que no están funcionando y no sea necesario que vengan en este momento pero hay algunas relacionadas al manejo de recursos y actividades a la pandemia que deben quedar habilitadas”, manifestó la legisladora.
Otro de los temas en los que los diputados y los representantes gubernamentales no llegaron a un acuerdo formal fue el de la reapertura económica, ya que mientras la Comisión Política se decantaba porque este proceso iniciara gradualmente el 6 de junio, la representación del Ejecutivo insistió en que se lleve a cabo 15 días después de la aprobación de la ley de emergencia.
Al cierre de la nota, el Gobierno y los diputados discutían criterios relacionados a la reapertura económica gradual como el distanciamiento que deben tener las personas cuando consuman productos en un establecimiento de comida rápida, entre otros.
Si bien se tenía previsto que este martes concluyera el estudio de la ley, existen varios puntos de discordancia entre las partes que el Gobierno pidió dejar “en el congelador” y retomar en otro momento en la discusión lo cual demora la culminación de la normativa.
