Gobierno y los desalojos forzosos de población vulnerable

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

“Soy lideresa comunitaria del Caserío El Mozote, en la Costa del Sol, departamento de La Paz, y como comunidades vivimos en zozobra cada día por los desalojos forzosos que hace el Estado”, dijo Mélida Alvarado, quien es parte de MOVITIERRA.

“Hay desalojos también en Santa Ana, La Libertad y en San Salvador, somos familias que a pesar de los años que tenemos de vivir en las zonas, muchos tenemos entre 30 a 50 años de vivir en el lugar, el Estado nunca ha querido reconocernos, dándonos la legalidad jurídica de tener una escritura para poder vivir en paz y tranquilidad”, señaló Alvarado.

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) presentó la investigación “Desalojos Forzosos en El Salvador: Un flagelo Multidimensional”, que según Héctor Carrillo, director ejecutivo en funciones de FESPAD, este documento tiene el objetivo de contribuir a una sociedad más justa y más humana.

“El 30 de noviembre FESPAD cumplirá 30 años de venir trabajando en El Salvador y queremos aprovechar ese contexto para ratificar la misión de la institución que es promover los derechos humanos, promover la justicia mediante la correcta aplicación del derecho con todos los sectores de la población y en especial la más vulnerables”, señaló Carrillo.

Igualmente, el director de FESPAD reiteró que la investigación pretende llamar la atención de las autoridades gubernamentales ante la necesidad de garantizar a la familias salvadoreña una “vivienda adecuada”. Y sensibilizarlos sobre el impacto emocional que genera la carencia de una vivienda en sectores mayoritariamente de bajos ingresos económicos.

“Dan cuenta de 92 asentamientos humanos denominados irregulares, citando la cifra oficial, pero no se puede negar que hay un subregistro, porque como organización tenemos datos de asentamientos humanos que no aparecen en las cifras oficiales. De hecho, un dato relevante de la investigación es la información contradictoria entre instituciones públicas sobre el tema”, acotó Carrillo.

Otro de los hallazgos es la existencia de mil 726 procesos activados, que pudieron haber concluido en desalojos forzosos y que fueron ejecutados por los Juzgados de Paz a nivel nacional, entre los años 2017 al 2021. Y que estos fueron efectuados, a través de la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles.

“En El Salvador sólo el 51.8% de los hogares son propietarios de sus viviendas, y el 30% de los hogares salvadoreños a nivel nacional viven en hacinamiento, es decir, hay 3 o más personas por dormitorio y en el área rural este porcentaje se eleva al 52.5%. Estos son datos de la Encuesta de Hogares y Propósitos múltiples (EHPM)”, dijo.

“Nos llama la atención sobre el derecho humano a una vivienda adecuada, y como institución que promueve y defiende derechos humanos, queremos hacer un llamado al gobierno de El Salvador a que impulse la construcción de una política pública en materia de vivienda, que vaya más allá de las medidas que han impulsado hasta este momento que podrán ser buenas, pero son insuficientes”, reiteró Carrillo.

En el tema de propiedad las cifras de la EHPM dan cuenta (2022 a 2023) que el 51.8% de las familias no son propietarios de sus viviendas, lo que significa alrededor de un millón de hogares. Y según la encuesta es 1 millón 984 mil 825 hogares, y de estos el 50% no posee su vivienda.

Elizabeth Estrada, investigadora de FESPAD, señaló que el desplazamiento forzado es una problemática asociada por las amenazas de grupos delictivos, agentes de autoridad o por violencia basada en género, en los cuales no se dio una atención oportuna por parte del Estado.

“Los desplazamientos forzosos constituyen graves violaciones a una serie de derechos humanos internacionalmente reconocidos, en particular en el derecho a una vivienda adecuada, alimentación, agua, salud, educación, trabajo y seguridad de la persona, y su hogar para una vida libre de tratos crueles e inhumanos y la libertad de circulación”, comentó.

“Al no contar con alternativas habitacionales, personas desplazadas han pasado a ocupar inmuebles en abandono, exponiéndose a diversos riesgos. Este flagelo golpea con mayor fuerza a mujeres”, agregó Estrada.

En cuanto a los impactos por los desalojos forzosos, Estrada señaló que son diversos, y que la investigación ha evidenciado y registrado estos casos a través de información verificada, y de cara a la situación que viven miles de salvadoreños que no pueden obtener la garantía de sus derechos sociales y económicos.

“Algo que destacamos es la tendencia que existe desde la institucionalidad pública a negar la existencia de asentamientos humanos irregulares, cuando de acuerdo a datos del Ministerio de Vivienda hay 92 asentamientos registrados por la institución. Y como FESPAD tenemos conocimiento que son más los registrados”, indicó.

“El Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) declaró como inexistente el registro de asentamientos humanos irregulares (rural), es preocupante, porque a inicios de este año representantes del ISTA estuvieron en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, en donde refirieron la existencia de asentamientos humanos irregulares”, señaló Estrada.

Las comunidades afectadas con los desalojos señalan que se debe a un “proceso de recuperación del turismo y potenciar actividades económicas”, por lo que FESPAD reiteró a las autoridades gubernamentales que los temas mercantilistas y económicos no pueden estar por encima del derecho a una vivienda adecuada de la población.

“Los desalojos, en parte son por megaproyectos que el gobierno tiene para la zona costera y la Costa del Sol”, dijo Mélida Alvarado, de la Comunidad El Mozote, en la Costa del Sol. “En este momento, el más afectado es la isla Tasajera, que tuvo ya los primeros desalojos. Y nosotros enfrentamos desde los desalojos hasta el cierre de los accesos a la playa de los grandes hoteles y condominios por el turismo que les pueden pagar su estadía”, refirió.

Ante esta situación, FESPAD exhortó al gobierno de El Salvador a reconocer esta práctica de los desalojos forzosos que persisten en diversas comunidades, y a derogar el Decreto (23-2009), de la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles.

 

Y en ese mismo sentido, le invitan a crear planes y políticas públicas integrales, efectivas y de participación social, que priorice ante todo, los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad sobre los intereses mercantiles.