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Autoridades de varios países de América Latina y el Caribe y la CEPAL avanzaron hacia la creación de una agenda regional que desemboque en un pacto por la gobernanza de los recursos naturales, ed en un encuentro realizado el lunes 19 de enero en la sede del organismo de las Naciones Unidas en Santiago, Chile.
Ministros, Subsecretarios y expertos de organismos internacionales participaron en la Mesa de Alto Nivel “Hacia una visión de la gobernanza de los recursos naturales para la igualdad en América Latina y el Caribe”, organizada por la CEPAL en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega.
En la reunión las autoridades conocieron la experiencia de Noruega en materia de pactos sociales y políticos que permitan aprovechar los beneficios derivados de la explotación de los recursos naturales y otorgaron a la CEPAL el mandato de abrir un intercambio con las autoridades nacionales de los países latinoamericanos y caribeños que lleve a la creación de la agenda regional y a un futuro pacto por la gobernanza de estos recursos.
Estuvieron presentes en el encuentro Ministros, Subsecretarios y altos representantes de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Noruega, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, así como funcionarios y expertos del Foro Económico Mundial, del Banco Mundial, de la Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África (UN-ECA) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
“Es necesario avanzar resueltamente hacia una mejor y mayor gobernanza y aprovechamiento de los recursos naturales, para que éstos contribuyan a una economía más diversificada, más sostenible en términos ambientales y con sinergias en materia de empleo, bienestar y un desarrollo económico sustentable para la región en el largo plazo”, sostuvo Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, al inaugurar el encuentro.
Bárcena indicó que la propuesta de gobernanza de la CEPAL busca gobernar la propiedad, los modos de apropiación y la redistribución de las ganancias de productividad, para que sea el conjunto de la sociedad quien se beneficie de la dotación de los recursos naturales.
“Mejorar la gobernanza de los recursos naturales en la región exige a los países construir los pactos y consensos políticos necesarios para que los Estados puedan captar y canalizar eficientemente la inversión de las rentas de sus recursos hacia el logro de sus metas de desarrollo sostenible e inclusivo”, añadió la Secretaria Ejecutiva del organismo.
Bárcena explicó que América Latina y el Caribe es una región rica en recursos naturales y varios de sus países se encuentran entre los principales productores mundiales de cobre, hierro, plata, molibdeno, plomo y estaño, mientras que en materia energética fue en 2012 la segunda región con mayores reservas petroleras probadas (después de Oriente Medio), equivalentes a 20% del total y, en materia agrícola, concentra 52% de la producción mundial de soja, 16% de la de carne y maíz, y 11% de la de leche. Asimismo, posee un tercio de las reservas mundiales de agua dulce y 15% de la superficie agrícola mundial, además de ser una gran reserva de biodiversidad.
La Embajadora de Noruega en Chile, Hege Araldsen, expuso sobre la experiencia de su país para lograr que los beneficios obtenidos de la explotación de los recursos naturales sean aprovechados por toda la población.
“Para alcanzar este objetivo es imprescindible tener un sistema inclusivo y democrático, instituciones públicas sólidas y competentes y que la sociedad ejerza efectivamente el control sobre sus recursos energéticos”, indicó la Embajadora.
En la Mesa de Alto Nivel la CEPAL presentó su visión sobre la gobernanza de los recursos naturales y recalcó que los elementos para la construcción de un pacto en esta área son: la creación de una estrategia y política de Estado de largo plazo para asegurar que los sectores extractivos contribuyan a las metas de desarrollo con diversificación productiva, cambio estructural e inclusión social; actualizar de los marcos tributarios de los países para obtener mayor progresividad en la participación del Estado en las rentas; institucionalizar mecanismos de estabilización, ahorro e inversión de largo plazo de estas rentas; y fortalecer la capacidad de las instituciones públicas para gestionar los conflictos socio-ambientales y laborales asociados al desarrollo de los sectores extractivos.
