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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“Desde la Concertación Regional para la Gestión de Riesgo (CRGR) exhortamos a los gobiernos nacionales y municipales y los espacios del SICA, a analizar la realidad que imponen los escenarios críticos de riesgo”, afirmó Denis Meléndez, secretario ejecutivo de la CRGR.
La Concertación Regional para la Gestión de Riesgo (CRGR), integrada por las Mesas Nacionales para la gestión de riesgo de El Salvador (MPGR); Guatemala (COCIGER); Honduras (MNIGR) y Nicaragua (MNGR), expresó su solidaridad con las víctimas y sobrevivientes de los huracanes ETA y IOTA, que elevaron la vulnerabilidad del área centroamericana por quince días consecutivos de lluvias y vientos que generaron inundaciones, deslizamientos y soterramientos.
Denis Meléndez señaló que la crisis global sanitaria por la pandemia de la COVID-19, que ha dejado afectaciones severas en las poblaciones mayormente pobres en materia de salud y economía, y que dejó en segundo plano la “crisis del clima”, que ha venido manifestándose en los últimos años, con inundaciones y sequías que suelen ser recurrentes y prolongadas en la región centroamericana.
“La pandemia del COVID-19 derivó en la paralización de múltiples actividades humanas, entre las que destacan las económicas por el impacto negativo en la calidad de vida para miles de personas. Y ha dejado en segundo lugar los efectos adversos derivados del comportamiento del clima, que son diversos como el inundaciones, sequías, deterioro del suelo, plagas que afectan la agricultura y otros elementos”, sostuvo.
Y lejos que las entidades oficiales del Sistema para la Integración Centroamericana (SICA), y otras instituciones o centros especializados en el monitoreo del comportamiento del clima, brindaron información sobre anomalías en la temporadas de lluvias para el presente año y de la temporada ciclónica que sería intensa y de manera temprana, consideró la CRGR que no se tomaron las medidas necesarias y esenciales en la protección de la vida de los pueblos de la región.
“La temporada ciclónica del año 2020 se presentó desde el inicio con la tormenta tropical Amanda, en el océano Pacífico, la tormenta tropical Cristóbal en el océano Atlántico, donde El Salvador y Guatemala fueron los países mayormente afectados. El número de personas que han fallecido durante la temporada debe llamar nuestra atención, así como la pérdida de medios de vida, daños en viviendas e infraestructura, en la economía de cada país, que constituyen la evidencia del impacto negativo para la calidad de vida de la gente en la región, que vive en mayor riesgo ante la evolución de fenómenos que derivan en desastres”, manifestó Meléndez.
Mientras, Rubén Quintanilla, de la CRGR El Salvador, explicó en un resumen las afectaciones en el país por los huracanes ETA y IOTA, que si bien se presentaron como depresiones tropicales, pero afectaron a muchos pobladores que residen en lugares de riesgo.
“Mencionaré el caso específico del huracán IOTA, tomando cifras que reporta el Gobierno, que comienza con la pérdida de vidas de dos personas; 28 árboles caídos, nueve suministros de agua afectados, dos postes del tendido eléctrico, siete vías de comunicación afectadas. Así también quince comunidades sin servicio de energía eléctrica y una cantidad de viviendas dañadas en los departamentos de Ahuachapán, Chalatenango, La Unión, Morazán, San Vicente y San Salvador”, indicó Quintanilla.
En cuanto a los deslizamientos de tierra y árboles, que se registraron en los departamentos de Chalatenango, Usulután, Ahuachapán y San Salvador, y el desbordamiento del río Lempa, en su paso en el municipio de Masahuat, Santa Ana, por las constantes lluvias.
“El Gobierno ha reportado 1,064 personas trasladadas a 230 albergues, aunque solo se reportan trece albergues activos. Y algunos albergues abiertos por las alcaldías, sin coordinación con el Gobierno central, que demuestra el fraccionamiento que existe del actual Sistema Nacional de Protección Civil”, acotó Quintanilla.
La vulnerabilidad de miles de pobladores es una constante en el área centroamericana y con una temporada ciclónica intensa que dio paso a dos ciclones ETA e IOTA, clasificados como “catastróficos”, la CRGR plantea la necesidad de iniciar un trabajo más integral que derive en normas jurídicas, políticas de prevención del riesgo y participación ciudadana.
Roberto Dimas Alonso, de la CRGR-Honduras (MNIGR), en su resumen de pérdidas y afectaciones generadas por las tormentas ETA e IOTA, compartió que un 36 % de la población hondureña fue afectada, lo que significaba 3,361,582 personas, cifras alarmantes recalcó al afirmar que 272,233 fueron evacuados y 14,425 rescatadas, lo que eleva la vulnerabilidad de estas familias de escasos recursos económicos.
“Para que se hagan una idea del impacto que hemos tenido, esto se compara con las afectaciones del huracán Mitch (8 de noviembre de 1998), también 81 ríos y quebradas desbordadas por la Tormenta Tropical IOTA y, con la Tormenta ETA, quedaron incomunicadas 105,104 personas. Se reportan 182 carreteras afectadas, 274,299 manzanas de cultivo afectadas”, señaló.
Nicaragua, en sus datos preliminares, señala 17 departamentos con afectaciones, que según sus estimaciones impactó a 4 millones de personas, con 160,000 personas albergadas y, solo en Chinandega, Nueva Segovia, Jinotega, Matagalpa, Triángulo Minero, perjudicó a 1,785,486 personas.
Mientras, el consolidado de Guatemala, a cargo de Guido Calderón, de la COCIGER, señaló que en los incidentes de los fenómenos tropicales ETA e IOTA sumaron 58 personas fallecidas y 1,684,636 personas afectadas, que suman 5,021 viviendas en riesgo y 38,713 viviendas con daño moderado y 2,220 viviendas con daño severo.
“Tenemos 1,245,770 personas damnificadas y 185,015 personas en albergues no oficiales, mientras en los centros oficiales se registran 27,139 personas y 99 personas desaparecidas y 212,154 personas evacuadas”, expresó.
La CRGR hizo un llamado a los gobiernos nacionales y locales a iniciar un proceso de amplia participación ciudadana para consensuar y contar con un Ordenamiento Territorial en cada país. Y reconocer que luego de estos eventos climatológicos se debe atender la hambruna a través de políticas públicas y recursos económicos en materia de seguridad alimentaria y nutricional.
