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CIDH realizó este jueves una audiencia especial de seguimiento a solicitud de la Mesa Contra la Impunidad, quienes denunciaron que el Estado salvadoreño sigue sin responder a las víctimas de conflicto armado.
Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
“Nos han invisibilizado e ignorado”, fueron las palabras de Rafael Segura, víctima de tortura durante el conflicto armado en El Salvador y miembro de la Mesa Contra la Impunidad, quienes durante la celebración de la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conocieron sobre la propuesta del Gobierno de Salvador Sánchez Cerén de la creación de una Comisión Especial para revisar los archivos y expedientes militares. Hecho que no fue el agrado de las organizaciones de derechos humanos.
En Bolivia, con la celebración de las audiencias de la CIDH, el gobierno a través de las representantes de Cancillería de la República, informó que bajo el liderazgo de María Silvia Guillén, Comisionada presidencial para los Derechos Humanos, se creará un organismo que permitirá revisar los archivos militares de El Salvador.
En su intervención, que solo contó con la participación del órgano Ejecutivo, el gobierno salvadoreño explicó que la Comisión Revisora de Archivos Militares estará integrada por un representante de la presidencia, uno del Ministerio de Defensa y un representante de las víctimas, incluidas las organizaciones sociales.
Además, el país ofreció un informe de los avances en materia de reparación y derecho a la verdad de las víctimas. Sin embargo, este solo recordó algunas iniciativas ya impulsadas como la derogación de la Ley de Amnistía, la creación de una comisión Ad Hoc en la Asamblea Legislativa y las iniciativas de los Gobiernos de Izquierda, como las comisiones de búsqueda de niños y adultos desaparecidos durante el conflicto armado.
Las diferentes organizaciones que integran la Mesa contra la Impunidad consideraron que el anuncio que hiciera Cancillería ante la CIDH no fue más que solventar la situación que enfrentaban en ese momento frente a la Comisión. Ya que sus logros se han visto estancados en los últimos años ante la negativa de apertura de los expedientes militares.
David Morales, representante de Cristosal, explicó que hay una gran preocupación por parte de las organizaciones sociales, ya que se ha conformado una comisión en la Asamblea Legislativa en la que se pretende crear una Ley de impunidad, que sería en respuesta a la derogación a la Ley de Amnistía.
Además, aseguró que “formar la comisión más allá de que se den actividades deevidencia de que el Comandancia General de las Fuerzas Armadas no ordena la entrega de los archivos militares o que este no es obedecido por el alto mando para entregar la información y tiene que recurrir a comisiones que no tienen mandato de Ley”.
Inma Guirola, demandante de la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, explicó que El Salvador como Estado no ha cumplido con las sentencias nacionales e internacionales con respecto a las víctimas que aún siguen esperando reparación, respuesta y derecho a la verdad.
Asimismo, cuestionó la entrada de un nuevo Gobierno que afirmó que se debe pasar la página del Conflicto Armado. Por lo que se debe establecer qué tipo de medidas tomará.
