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Redacción Nacionales
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La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y la Mesa Permanente por la Justicia Social denunciaron la captura del sindicalista de la alcaldía de San Marcos, Jorge Alberto Saravia Ruiz, luego de que en enero de este año denunciara el incumplimiento de las prestaciones laborales, salarios, entrega de guantes, uniformes, zapatos e implementos de limpieza para el personal de aseo y por lo cual está siendo procesado.
El Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) denunció que Bukele ocupa el régimen de excepción “para difamar, perseguir, criminalizar, encarcelar y eliminar sistemáticamente a quienes identifica como oposición”.
La detención del sindicalista se da tres meses después que la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador falló a favor de la Fiscalía General de la República (FGR), ya que esta había interpuesto un recurso de apelación ante las medidas sustituidas a la detención que el 20 de enero el Juzgado Primero de Paz de San Salvador otorgó a Saravia y a Francisco Antonio Lizama, otro sindicalista de la comuna, ya que habían sido acusados de los delitos de incumplimiento de deberes y actos arbitrarios.
El 3 de enero, Saravia y otros sindicalistas exigían sus implementos de trabajo asi como sus prestaciones laborales a la administración liderada por la alcaldesa de Nuevas Ideas, Cindy Andrade. Ese día, llegó la PNC junto a la funcionaria a declarar que los sindicalistas estaban en huelga, cuando realmente era una manifestación pacífica y un paro momentáneo de laborales.
Ese mismo día, el sindicalista Miguel Antonio Ventura Arana fue capturado en su vivienda tras haber participado en la manifestación, en ese momento se mencionó que la edil de San Marcos incumplió el contrato laboral y habría suprimido plazas.
A través de un video que circuló en redes sociales, Ventura denunciaba que el paro de labores se debía porque les adeudaban una tarjeta de regalo de $30 en compensación a una cena navideña. El presidente de la República, Nayib Bukel, dijo ese mismo día, pero en horas de la noche, que irse a huelga sin motivo, “era un delito ambiental y contra la salud pública. Minutos después del Tweet, la PNC informó sobre su captura. Desde entonces, Ventura guarda prisión.
Ahora, se le suma Jorge Saravia, quien gozaba de medidas sustitutivas que les fueron revocadas ya que, por ser sindicalista, podría tener influencia con los testigos de los hechos, ya que también son empleados de la comuna. Las organizaciones lamentaron estos hechos ya que buscan deslegitimar, perseguir y criminalizar la lucha por los derechos laborales y sindicales en El Salvador.
