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Samuel Amaya
@DiarioCoLatino
Amate El Salvador, COMCAVIS TRANS, junto al Centro de Información Bancaria (BIC, por sus siglas en inglés) realizaron un foro para mostrar sus hallazgos respecto al monitoreo e incidencias de partes interesadas al proyecto de repuesta de emergencia de El Salvador ante la COVID-19 y su financiamiento adicional firmado entre el GOES y el Banco Mundial.
El monitoreo se hizo en los dos préstamos que el Banco Mundial otorgó al Gobierno de El Salvador, el año pasado, uno de $20 millones para el proyecto de respuesta ante la emergencia de la COVID-19 y el otro préstamo por $50 millones que fue enfocado en el proceso de vacunación contra la COVID-19.
Por ello, las organizaciones han realizado un monitoreo para conocer qué tan inclusivos han sido los proyectos en la ciudadanía que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, como mujeres, personas con discapacidad, población LGBTI. Que en su esencia, dichos recursos debían ir enfocados en atender también a este segmento población.
Sin embargo, Roberto Zapata, encargado de incidencia política de AMATE, sostuvo que el Gobierno hizo una serie de modificaciones a los decretos que contenían los fondos, y los recursos ya no fueron a fortalecer todo el sistema nacional de salud, sino que se enfocó en fortalecer al Hospital El Salvador, “esa no era la propuesta original”, comentó Zapata al referirse a una centralización del financiamiento en San Salvador y no en las comunidades que son vulnerables.
Ante esto, AMATE, COMCAVIS y BIC han realizado una serie de recomendaciones que tienen que ver con el mejoramiento de acciones para que estas, sean más inclusivas.
Una de ellas es dejar de centralizar la respuesta ante la COVID-19 solo en San Salvador, “creemos que eso afecta, sobretodo, a aquellas poblaciones que viven fuera del área metropolitana”, dijo Zapata, y es que según dijo, los ciudadanos del interior no siempre tienen la disponibilidad de poder acercar a la capital.
Los grandes rasgos sobre los hallazgos que AMATE, junto a otras organizaciones encontraron en el proceso de monitoreo de los préstamos, los planteó Ester Flores, quien destacó que no se reconoce la condición estructural de vulnerabilidad que experimentan las personas LGBTI, mujeres y personas con discapacidad, también ha habido un retraso de implementación de los proyectos por fortalecer al Hospital El Salvador dejando de lado a todo el sistema nacional de salud.
También, Flores planteó que ha existido una falta de transparencia y reserva de información, ya que cuando se han intentado acercar al Ministerio de Salud a través de la solicitud de información, la poca información que han tenido no siempre es la solicitada y es tardada, por lo cual, “hay procesos de apelación abiertos”, reveló.
Existe información que están en reserva como el Plan Nacional de Vacunación y que a juicio de AMATE es “información clave” para el monitoreo de los proyectos, ya que el segundo préstamo, el de $50 millones, está dirigido a la vacunación contra la COVID-19. “Por lo tanto, no hay forma de cómo darle monitoreo a algo que no se conoce pero que sí se sabe que está siendo financiado”, resaltó Ester Flores.
Por tanto, las organizaciones que participan en este monitoreo recomiendan al Gobierno que cumpla con los estándares de transparencia y rendición de cuentas en lo relacionado a la implementación de estos proyectos que tiene financiamiento adicional. También, exigieron que se haga pública, las informaciones como el plan nacional de vacunación, ya que representan una dificultad para las organizaciones de sociedad civil en el monitoreo de este tipo de proyectos, así como el proceso de adquisición de vacunas contra la COVID-19 que hace unos meses había sido seleccionada como información reservada.
En el mismo sentido las organizaciones instaron al Gobierno a que debe anular las resoluciones que llevaron a declarar como información reservada documentos que son de interés público como el plan de vacunación, las adquisiciones de pautas publicitarias del MINSAL y los procesos de compras de vacunas, ya que, de esta manera, la ciudadanía podría corroborar que los recursos públicos, incluidos los financiamientos del Banco Mundial están siendo utilizados de forma proba y transparente.
También se debe derogar la Ley para el Uso de Productos para Tratamientos Médicos en Situaciones Excepcionales de Salud Pública, ocasionadas por la pandemia de la Covid19, ya que esto precisamente, abre las puertas para que posibles casos de corrupción queden libres de ser judicializados.
Las organizaciones recomendaron al GOES, fortalecer el nivel primario de atención a escala comunitaria y territorial, así como fortalecer las relaciones con las comunidades y las municipalidades ya que son estas, quienes conocen las necesidades de las personas de su alrededor, para así reducir en parte, la brecha de desigualdades de las poblaciones históricamente excluidas.
Se conoció que de esos $70 millones que el GOES maneja, solamente $5 millones han tenido conocimiento sobre proyectos. Ya que la gran mayoría, está bajo reserva.
