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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
El Gobierno de Nayib Bukele debe reformar la Ley Bitcoin para que su uso sea voluntario y no obligatorio en el sector privado. Sin embargo, el acuerdo está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI.
El personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno de El Salvador llegaron a un acuerdo a nivel técnico sobre un nuevo programa en el marco del Servicio Ampliado por $1,400 millones para respaldar la agenda de reformas del gobierno. Así se dio a conocer esta semana en el sitio web del FMI. Según los acuerdos que se habrían tomado entre ambos, están los esfuerzos para mejorar la gobernanza, la transparencia y resiliencia.
Según dice el portal del FMI, un equipo técnico del FMI encabezado por Luis Cubeddu, subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental, y Raphael Espinoza, jefe de la Misión para El Salvador, sostuvo conversaciones en San Salvador durante el 5 al 14 de diciembre de 2024.
Afirmaron que se había llegado a un acuerdo a nivel técnico sobre un programa de 40 meses en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) por unos $1,400 millones de dólares para atender las necesidades de balanza de pagos y respaldar las reformas económicas del gobierno.
Los elementos claves de dicho programa serían: Política Fiscal, Gobernanza, transparencia y resiliencia, reservas y activos digitales. Sobre los activos digitales, el FMI sostuvo que los riesgos potenciales del proyecto Bitcoin “disminuirán significativamente”, ya que pide reformas legales que harán que la aceptación de Bitcoin por parte del sector privado sea voluntaria, ya que actualmente es obligatoria y no voluntaria como dice el oficialismo.
Así lo establece el artículo 4 de la Ley Bitcoin, “todo agente económico deberá aceptar bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio”.
Para el sector público, la participación en actividades económicas relacionadas con Bitcoin y las transacciones y compras de Bitcoin estarían delimitadas. Los impuestos podrán ser pagados solo en dólares y la participación del gobierno en la billetera cripto (Chivo) se irá reduciendo gradualmente.
En la política fiscal, el programa se basa en la mejora del balance primario de alrededor del 3,5% del PIB a lo largo de 3 años, para situar la proporción de la deuda pública en relación al PIB en una firme senda descendente tras alcanzar un máximo del 85% del PIB en 2024.
Se espera que el Directorio del FMI considere este programa para su aprobación a principios de febrero, una vez que se hayan implementado las acciones previas acordadas.
