@RosmeriAlfaro
La Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) mostró su rechazo ante las recientes medidas para la reducción de electricidad implementadas por el gobierno, ya que aseguran: los afectados son las personas pobres y no las personas que no lo necesitan.
Leonel Herrera, miembro de ASGOJU, planteó que es necesario que el Estado garantice que los afectados con la reducción sean únicamente quienes no lo necesiten y no afecten a personas de escasos recursos.
Entre las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para la aprobación de más préstamos al GOES están la reducción del gasto público, aumentar los impuestos, la focalización de subsidios a energía eléctrica, gas y agua, y aumentar la edad de jubilación.
Recientemente el gobierno anunció la reducción del 17% en los gastos del Presupuesto 2017. En cuanto al subsidio de luz eléctrica este pasó de $120 mil en 2015 a $75 mil en 2016 y llegará a $60 mil en 2017.
De acuerdo con el secretario Técnico y de Planificación de la Presidencia Roberto Lorenzana, esperan llegar a la misma cifra en agua y gas. “No estamos de acuerdo en que solo se vean los subsidios a los servicios básicos de las familias y no los subsidios de las grandes empresas.
Se deben revisar todas las exenciones que tienen las grandes empresas no solo los servicios públicos o básicos que reciben las personas”, señaló.
ASGOJU también mostró su rechazó a que únicamente se plantee la reducción de subsidios para eliminar el gasto y no se vea la parte del incremento de los ingresos, por ello, consideraron que es necesario hacer un combate eficiente contra la evasión tributaria.
“No estamos de acuerdo en que la reducción del gasto público en general sea la medida más efectiva para enfrentar la crisis fiscal actual y consideramos necesario continuar avanzando en el incremento de la carga tributaria, llevándola al menos al promedio latinoamericano que ronda el 22% del PIB”, indicaron.
Señalaron que también es necesario revisar las leyes de elusión y hacer un planteamiento global de una reforma fiscal progresiva donde se incluyan ingresos directos al patrimonio, a la ganancia empresarial y a las transferencias financieras.
La Alianza anunció que en los próximos meses presentarán una propuesta de Ley de Progresividad Fiscal ante la Asamblea Legislativa, donde plantearían eliminar las exenciones tributarias a las grandes empresas, y la progresividad en la aplicación de impuestos.