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José Mejía
Transparencia Activa
Según el economista José Luis Magaña, de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social de El Salvador (ADESES), en el país los préstamos a los que se han destinado mayores recursos son al pago de los eurobonos, ya que también son los que mayor interés cobran y, de 2009 a 2017, se honraron $2,197,720,310.
Según cálculos del economista, en LETES, el país canceló $65,664,875 y en préstamos heredados $3,581,064,365.
Por mencionar algunos casos en los que se ha ocupado el pago de deuda están los préstamos del proyecto RHESSA, que debían ser destinados a la reconstrucción y construcción de hospitales por el Ministerio de Salud que ascienden a $142 millones, de los cuales $132 millones ya fueron cancelados, sin incluir las erogaciones hechas por litigios que también se realizaron.
Cabe recordar que este dinero se perdió, aunque judicialmente todavía no se ha determinado en qué se invirtió, tampoco se han recuperado esos fondos y se tuvo que volver a hacer otro préstamo para reconstruir los centros médicos dañados por los terremotos de 2001 y construir el nuevo Hospital de la Mujer.
Dentro de los $7 mil millones pagados en deuda también está el crédito para la construcción del exbulevar Diego de Holguín (hoy Monseñor Romero), que también aún se está pagando.
Cuando concluyó el conflicto bélico salvadoreño y se firmaron los Acuerdos de Paz, el gobierno solicitó al Banco Mundial (BM) una serie de empréstitos para implementar un ajuste estructural en el país; a cambio, el Ejecutivo debía realizar una serie de medidas como las privatizaciones y desregulaciones de algunos rubros y sectores económicos del país, así como echar a andar las políticas neoliberales de achicar el Estado e implementar más concesiones a privados. Esos préstamos recién los ha terminado de pagar el actual gobierno.
A pesar de estos montos de pago de deuda, Magaña señala que no es grave, está en los promedios de economías emergentes y, dentro de los parámetros globales, es manejable, ya que el déficit fiscal se ha reducido y la deuda del sector público no financiero, sin incluir las pensiones (y que forma parte de la herencia), se mantiene estable entre el 45% y el 46% desde 2010.
