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@arpassv
La ratificación de la condena contra el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, orientada a evitar una nueva candidatura del carismático líder progresista, es la continuación del golpe perpetrado por la derecha oligárquica en el país sudamericano.
La semana pasada un tribunal federal de Porto Alegre ratificó la sentencia del juez de primera instancia Sergio Moro, y la incrementó de 9 a 12 años de prisión, por -supuestamente- recibir un apartamento a cambio de favorecer a una empresa constructora con contratos estatales.
La acusación contra Lula es falaz: la reciente publicación del interrogatorio de Moro en medios brasileños confirma que no existe prueba alguna contra el ex mandatario. Esto evidencia el carácter eminentemente político de la farsa judicial montada para impedir el regreso del dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) al gobierno.
En tal sentido, la ratificación de la condena contra Lula es continuación del golpe parlamentario-judicial-mediático consumado en agosto de 2016 contra la presidenta Dilma Rousseff, cuando el corrupto congreso brasileño revirtió la decisión de 54 millones de electores.
La pantomima judicial para derrocar a Dilma y evitar el retorno de Lula confirma la nueva estrategia -de la derecha continental, las corporaciones y el imperialismo gringo- contra los gobiernos progresistas y fuerzas de izquierda. Los jueces relevaron a los militares y los “golpes suaves” sustituyeron a los golpes de Estado de antaño.
En nuestro país, la Sala Constitucional representa esa nueva praxis de las derechas. Los magistrados Belarmino Jaime, Rodolfo González, Florentín Meléndez y Sidney Blanco actúan como garantes del estatus quo neoliberal y refuerzan el boicot contra el gobierno del FMLN.
Para despistar a ingenuos, la Sala se muestra “progresista” en temas como derechos humanos (derogó la Ley de Amnistía), pero en aspectos estructurales del modelo económico son conservadores. Así, constituyen la última trinchera de las élites empresariales para detener medidas que afecten intereses pudientes.
Por tanto, los jueces Moro aquí se apellidan Jaime, González, Meléndez y Blanco. A ellos se suma el flamante Fiscal General Douglas Meléndez, quien se hace del ojo pacho ante las decenas de denuncias sobre casos de corrupción que involucran a altos personeros de ARENA.
