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René Martínez Pineda *
La castrante Alianza para el Progreso (que medio siglo después se maquillaría con otro nombre idéntico) fue escrita y descrita como la búsqueda de la democracia y del desarrollo económico para los países latinoamericanos, pero sobre la base de liquidar o aislar a Cuba. Es innegable que el objetivo de la Alianza fue la muleta social de la doctrina Truman: matar al fantasma del comunismo. Así, la Doctrina de Seguridad Nacional (ideología contra un comunismo que más bien era socialismo) aconsejó a los militares más sanguinarios la toma del poder político y la refundación de la república burguesa en sus países, y ese fue el eje conductor del siglo XX, un siglo-sangre signado por dictaduras que zarandearon América Latina para que el axioma socialista de organización política, económica, social y cultural no se impusiera sobre la mercancía. Aunque esas premisas no se dieran, el sándalo fascinante de las insurrecciones armadas ponía en peligro la seguridad de las inversiones norteamericanas y, como gendarme, el gobierno de EE.UU. presionó a los gobiernos locales para que cumplieran con las medidas de seguridad nacional para erradicar la subversión.
En ese contexto (que nos hace ver que no es casualidad el golpe de Estado en el Brasil de 2016) nace, a mediados de los 60, un Brasil que se erigió como el nuevo tipo de dictadura militar con la meta de suscitar un desarrollo capitalista ampliado dentro del modelo ideado por economistas gringos que, como premisa, exigía un rígido control social. Para lograrlo era necesario ponerle fin a la esperanza reformista brasileña, lo cual se logra el 31 de marzo de 1964 cuando Joao Goulart renuncia a la presidencia y se exilia en Argentina hasta su muerte, en 1976. Goulart -prosélito del “padre de los pobres”, Getulio Vargas- tomó el poder en 1961 tras la renuncia de Janio Quadros. Su muerte fue confusa: oficialmente murió de un paro cardiaco, pero no se puede descartar que hubiese sido asesinado por el gobierno militar argentino en el marco de la Operación Cóndor, pues su nombre aparecía en los papeles del operativo que se encontraron en Asunción (Paraguay, 1992).
La participación de EE.UU. en ese golpe de Estado sale a la luz gracias a Carlos Fico (historiador brasileño) quien halló en 2006 -en un archivo público en Washington- un documento que comprometía tanto al presidente Lyndon B. Johnson como al embajador norteamericano del momento (Lincoln Gordon) quien, en 1963, redactó el informe: Un Plan de Contingencia para Brasil. Como es usual, Washington negó su participación activa, pero un telegrama enviado por el Departamento de Estado a Gordon el día del cuartelazo prueba lo contrario. En él se detalla la ayuda que se enviaría a los golpistas: cuatro barcos petroleros, un portaviones, seis barcos de guerra, 110 toneladas de municiones, un publicista, gases lacrimógenos para controlar a las masas, diez aviones de carga, seis de guerra y seis de restablecimiento en el marco de la Operación “Hermano Sam”.
Con el Brasil de entonces (así como se quiere hacer con el Brasil de hoy) las dictaduras militares basadas en Golpes de Estado o de Gobierno dieron la pauta de lo político, ya que EE.UU. probó-comprobó (como gallina que come huevo) que el control social (teoría sociológica de los ajustes) era la mejor forma de asegurar sus intereses económicos, y la dictadura militar la mejor forma de gobierno posible para ello, en tanto sería capaz (por armas y leyes) de encender todos los miedos del fascismo: la religión, la familia, la propiedad colectiva, la delincuencia y las élites. Esa lógica golpista y de dictaduras militares sanguinarias se propagó por todo el continente y propició en Uruguay, en junio de 1973, un golpe de Estado que disolvió el parlamento, dándole inicio a una sangrienta dictadura en la que más del 50% del presupuesto se dedicaba a seguridad. La izquierda ya preveía esa lógica desde muchos años antes, por tal razón el senador Salvador Allende (junio de 1954) dijo: “El drama de Guatemala es el nuestro, es el drama de un país que se ha alzado con dignidad en busca de un destino mejor. Si mañana Chile se atreviera a tomar medidas que significaran, por ejemplo, la nacionalización del cobre, seguramente también sentiríamos sobre nosotros la amenaza o prepotencia extranjera”.
Veinte años después del vaticinio (11 de septiembre de 1973) Allende enfrenta a su destino: ser víctima de la mano invisible del capitalismo por el hecho de haber confesado ser marxista. Allende, como presidente, despertó la ira y el miedo de los norteamericanos. H. Kissinger (premio nobel de la paz, fuera bromas) advirtió antes del triunfo de Allende, el 4 de septiembre de 1970: “No hay razones para observar con indiferencia cómo un país marcha hacia el comunismo debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo”.
Desde esa fría mañana del septiembre chileno, el gobierno de EE.UU. movilizó tropas, agentes, testaferros, colaboradores, vendedores de hamburguesas, espías e influencias para conspirar contra el futuro gobierno de Allende. Una reunión en Washington (15 de septiembre, 1970) entre Richard Helms -director de la CIA-, Kissinger y Richard Nixon (expuesta por la Comisión Church) afinó el plan de acción Track I y Track II (proyecto FUBELT) cuyo propósito era evitar que el Congreso chileno proclamara presidente a Allende. Nixon a Helms: “Salve a Chile…no hay que preocuparse por los riesgos, no comprometer a la embajada, 10 millones si es necesario; plan de acción en 48 horas”. Y es que al no obtener la mayoría, Allende tenía que ser ratificado por el Congreso y el Senado el 24 de octubre. En esas semanas la CIA intentó convencer a la oposición para que se aliara en su contra, pero no lo logró.
Con el apoyo de la transnacional ITT (International Telegraph & Telephone) con imponentes intereses en Chile al ser la propietaria del 70% de Chitelco (Compañía de teléfonos chilena) y de El Mercurio (periódico de derecha financiado por la CIA para publicar propaganda anti-Allende) se trató de convencer a los militares para que dieran un Golpe de Estado. El plan no dio frutos ni siquiera después del asesinato del jefe del ejército (General René Schneider) por un grupo derechista de exterminio (Patria y Libertad) que fue financiado, entrenado y armado por la CIA, ya que le sustituyó otro General con el mismo perfil constitucionalista, Carlos Prats, quien en 1974 sería ejecutado, junto a su esposa, por la Dirección de Inteligencia Nacional –DINA-, en Buenos Aires.
