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Brasilia/Prensa Latina
El ministro Alexandre de Moraes, de la Corte Suprema de Brasil, ordenó este lunes que María de Fátima Mendonça, alias Fátima de Tiburón, cumpla inmediatamente 17 años de cárcel por participar en los actos golpistas de 2023.
La mujer, de 67 años y notoria adepta del expresidente Jair Bolsonaro, fue acusada por la Procuraduría General de la República y condenada por los crímenes de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, intento de golpe de Estado, daños calificados, destrucción de patrimonio declarado y asociación criminal armada.
El caso fue juzgado en pleno virtual, en la Acción Penal número 2.339 y, además de la pena de prisión, Fátima de Tiburón deberá pagar, en solidaridad con los otros condenados, 30 millones de reales (cerca de seis millones de dólares) como reparación por daños materiales.
Relator del caso, De Moraes citó en su voto un video en el que la partidaria de Bolsonaro aparece durante los episodios antidemocráticos del 8 de enero de 2023.
Transcribió un pasaje en el que «uno de los individuos que la acompaña la llama Fátima y menciona que ella viene del municipio Tiburón (sureño estado de Santa Catarina) y que estaría allí «rompiendo todo».
La imputada fue arrestada el 27 de enero, en la tercera fase de la Operación Lesa Patria, de la Policía Federal, que vio a bolsonaristas (seguidores de Bolsonaro) involucrados en la invasión y saqueo de las sedes de los Tres Poderes en Brasilia.
Se hizo conocida después de la publicación de un audiovisual en el que aparece irrumpiendo en el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo en esta capital.
Además de los actos de vandalismo e incitación a la violencia, Fátima de Tiburón acumula antecedentes penales. En 2014, fue condenada a tres años, 10 meses y 20 días de prisión en régimen semiabierto por tráfico de drogas.
En ese momento, fue sorprendida por policías militares mientras se comunicaba con un usuario de narcóticos.
Otro suceso ocurrió en 2012, cuando fue denunciada por el Ministerio Público de Santa Catarina por falsificación de documentos y estafa. Ella usó legajos simulados para obtener líneas telefónicas en nombre de otra persona, causando daños a la víctima que recibió cobros indebidos.
De Moraes rechazó todas las preliminares presentadas por la defensa de la confesa bolsonarista y consideró que la acción de condena era pertinente.
