Graves violaciones de derechos humanos en contra de niños: HRW

Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino

Graves violaciones de derechos humanos en contra de niños, niñas y adolescentes detenidos en comunidades de bajos ingresos en El Salvador, es lo que ha resultado de imponer un régimen de excepción activo desde 2022, así lo sintetiza Human Rights Watch en un informe publicado recientemente.

El informe de 114 páginas, denominado “‘Su hijo no existe aquí’: Violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes durante el régimen de excepción en El Salvador” documentó casos de detenciones arbitrarias, tortura y otras formas de malos tratos en contra de niños detenidos en el marco de la “guerra contra las pandillas”, como el Gobierno intenta vender el regimen de excepción.

“Los menores detenidos han sido sometidos a condiciones deplorables en detención incluyendo, en ocasiones, hacinamiento, y falta de alimentación y atención médica adecuados, así como contacto con abogados y familiares. En varios casos, los niños han sido detenidos junto con adultos durante los días iniciales de su detención. Muchos han sido condenados por delitos definidos de forma amplia y en juicios con violaciones al debido proceso”, destacó el informe de Human Rights Watch.

Al respecto, la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, sostuvo que el gobierno salvadoreño debería implementar una política de seguridad efectiva y respetuosa de los derechos humanos que desmantele las pandillas, prevenga el reclutamiento de niños y les proporcione protección y oportunidades.

El régimen de excepción se impuso el 27 de marzo de 2022, luego de un repunte en los homicidios, desde entonces, la Asamblea Legislativa ha prorrogado la medida estatal, pese a los centenares de denuncias de violaciones a derechos humanos.

Policías y soldados han llevado a cabo innumerables redadas, particularmente en comunidades vulnerables donde la violencia de las pandillas era una presencia constante, deteniendo a más de 80.000 personas, incluyendo cerca de 3.000 niños, niñas y adolescentes. Durante años, la pobreza generalizada, la exclusión social y la falta de oportunidades educativas y laborales han dejado a muchos niños con pocas opciones viables, permitiendo que las pandillas abusen de ellos y que las fuerzas de seguridad los estigmaticen como delincuentes y los acosen, sintetizó HRW.

Los arrestos de forma masiva han llevado a la detención, a menudo durante periodos prolongados previos al juicio, de numerosos niños sin ninguna conexión aparente con las actividades abusivas de las pandillas. Con frecuencia, esos arrestos parecen estar basados en la apariencia física y las condiciones socioeconómicas de los menores, más que en evidencia creíble y sólida. En algunos casos, las autoridades han realizado detenciones basadas en información cuestionable, como denuncias anónimas no corroboradas. Las fuerzas de seguridad habitualmente no han presentado órdenes de registro o detención y rara vez han informado a los detenidos y sus familiares sobre los motivos de la detención.

Sobre esto, HRW ejemplificó que en uno de los casos documentados, agentes militares detuvieron a un estudiante de secundaria de 16 años en Sensuntepeque, Cabañas, cuando regresaba a su hogar después de jugar un partido de fútbol en mayo de 2022. Un familiar dijo a Human Rights Watch que los soldados lo obligaron a desvestirse, le quemaron el torso con un encendedor y le ordenaron que confesara a qué pandilla pertenecía.

Los documentos del expediente judicial muestran que luego fue acusado de agrupaciones ilícitas, sobre la base de un único testimonio de un “testigo criteriado” anónimo, y condenado a seis años de prisión. El joven permanece detenido actualmente; así como él, muchos salvadoreños sin vinculaciones con pandillas han sido arrestados injustamente.

El encarcelamiento masivo ha sobrecargado el ya frágil sistema judicial de El Salvador. Más de 1,000 niños han sido condenados durante el régimen de excepción, con sentencias que van desde los 2 a los 12 años de prisión, a menudo por cargos definidos de forma excesivamente amplia, como el delito de “agrupaciones ilícitas”, y frecuentemente sobre la base de testimonios policiales no corroborados. En muchos casos, las autoridades forzaron a los menores a realizar confesiones falsas, mediante una combinación de acuerdos judiciales abusivos y,a veces, malos tratos o tortura.

HRW subrayó que las autoridades han tomado pocas medidas, si es que alguna, para proteger a los niños, niñas y adolescentes de la violencia por parte de otros detenidos, incluyendo casos de golpizas y agresiones sexuales. Decenas de niños han estado incomunicados de sus familias por semanas o meses; muchos solo  han podido ver a sus abogados o familiares por unos minutos antes o durante las audiencias.

En ese sentido, la organización internacional hizo un llamado al Gobierno salvadoreño a establecer un mecanismo para revisar los casos de los detenidos durante el régimen de excepción. Dicho mecanismo debería dar prioridad a la revisión de los casos de niños, niñas y adolescentes y otros detenidos vulnerables, con miras a liberar a quienes fueron detenidos sin pruebas y priorizar la persecución penal, bajo el debido proceso, de altos líderes de las pandillas que son los máximos responsables por delitos atroces.

El gobierno también debería desarrollar una estrategia de seguridad integral que proteja a los menores de la violencia y el reclutamiento de las pandillas, incluyendo mediante la implementación de iniciativas de prevención de la violencia, programas de rehabilitación para los menores reclutados y apoyo para la reinserción de niños en conflicto con la ley.

“La detención indiscriminada de niños, niñas y adolescentes amenaza con perpetuar los ciclos de violencia en El Salvador”, dijo Goebertus, quien concluyó en que “la comunidad internacional debería exhortar al gobierno a cesar las violaciones de derechos humanos y proteger la vida y el futuro de la niñez”.