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Madrid/AFP
El grupo parlamentario del expresidente independentista catalán Carles Puigdemont registró el viernes una propuesta de reforma de la ley regional para permitir que pueda ser investido al frente de la región a distancia y gobernar desde Bélgica.
La elección de Carles Puigdemont -que se exilió voluntariamente en Bélgica hace tres meses- al frente del gobierno regional es problemática ya que sería detenido y probablemente encarcelado por «rebelión» y «sedición» en caso de regresar a España, por lo que no puede presentarse al Parlamento regional para el debate de investidura.
Pero la portavoz del grupo Junt per Catalunya (centroderecha, independentista), Elsa Artadi, firmó la propuesta de ley para intentar evitar el obstáculo.
El texto consultado por AFP prevé que el Parlamento catalán pueda «autorizar, por mayoría absoluta, la celebración del debate de investidura sin la presencia o sin la intervención del candidato o candidata».
En este caso, «la presentación del programa y la solicitud de confianza de la cámara se podrá hacer por escrito o por cualquier otro medio previsto en el reglamento».
Se trataría asimismo de permitir un gobierno «a distancia», a través de medios digitales (correos, audioconferencias, videoconferencias).
Pero los independentistas catalanes están divididos sobre los próximos pasos, por el riesgo de bloqueo de las instituciones catalanas, actualmente bajo tutela del gobierno español.
Una investidura de Puigdemont en ausencia sería seguramente suspendida por la justicia.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, advirtió que en ese caso mantendría la región bajo tutela.
La propuesta de Junts per Catalunya no tiene al parecer el respaldo de la otra gran formación independentista, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) de Oriol Junqueras, ex vicepresidente de la región encarcelado desde hace tres meses.
Junqueras había propuesto a principios de febrero atribuir a Puigdemont una presidencia «simbólica» y que otra persona ocupara una presidencia ejecutiva.
Una fuente del ERC indicó el viernes que el partido continuaba negociando «un acuerdo global» que permitiría «el reconocimiento del gobierno en exilio en Bruselas» y «una investidura operacional y efectiva en Cataluña».
Puigdemont fue destituido el 27 de octubre cuando el gobierno español intervino la región tras la proclamación en Barcelona de una «República Catalana».
A fines de diciembre los partidos separatistas se impusieron en las elecciones regionales convocadas por el gobierno español.
