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Por Juliette Michel
París/AFP
El gigante suizo de materiales de construcción LafargeHolcim admitió haber recurrido a prácticas «inaceptables» con grupos armados para mantener la actividad de una cementera en 2013 y 2014 en Siria, un país devastado por la guerra.
El grupo reconoce que la filial local, que pertenecía entonces al grupo francés Lafarge, «entregó fondos a terceros con el fin de alcanzar acuerdos con un determinado número de estos grupos armados, incluidos algunos sometidos a sanciones».
Debido a la guerra civil, «el deterioro de la situación política en Siria supuso desafíos muy difíciles en cuanto a la seguridad, las actividades de la fábrica y los empleados», recalcó LafargeHolcim.
«Esto incluye amenazas para la seguridad de los colaboradores así como desórdenes en los aprovisionamientos necesarios para hacer funcionar la fábrica y distribuir los productos», precisó el grupo.
Ante esa situación, la filial local de Lafarge intentó relacionarse con las «facciones armadas» que controlaban o intentaban controlar la zona de la cementera.
Una investigación interna «no ha podido establecer con certeza quiénes eran los destinatarios finales de los fondos», añade.
Según el diario Le Monde, que destapó el caso en junio pasado, esa política benefició al grupo yihadista Estado Islámico (EI).
Le Monde indicó que Lafarge había designado un intermediario para obtener que el Estado Islámico otorgara salvoconductos a sus empleados.
Según Le Monde, la dirección de Lafarge en París estaba al corriente de esa decisión.
El diario mencionó en su investigación la existencia de un salvoconducto sellado por el EI para que los camiones de Lafarge pudieran circular para aprovisionar la cementera.
Le Monde mencionaba también la intervención de intermediarios y negociantes para venderle a Lafarge petróleo refinado por el Estado Islámico.
La organización yihadista finalmente tomó el control de la cementera, situada en Jalabiya, a 150 km al nordeste de Alepo.
Lafarge había comprado la cementera 2007, que tras tres años de trabajo empezó a funcionar en 2010.
La cementera pasó a formar parte luego de la empresa que nació de la fusión de Lafarge con la compañía suiza Holcim.
La fábrica representó una de las inversiones extranjeras más importantes en Siria fuera del sector petrolero.
En total, Lafarge invirtió 680 millones de dólares.
Durante el período en cuestión, «las actividades de Lafarge en Siria funcionaron a pérdida» y «representaban menos del 1% de la facturación», afirmó la empresa.
En Francia, el grupo es objeto de una investigación preliminar abierta en octubre a raíz de varias demandas interpuestas por oenegés y por el ministerio de Economía, que lo acusan de financiación del terrorismo y de haber violado las sanciones impuestas por la Unión Europea al gobierno de Bashar al Asad.
La ONG Sherpa presentó una demanda contra Lafarge por financiamiento de terrorismo y complicidad de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
«De forma retrospectiva, las medidas tomadas para continuar con las actividades de la fábrica eran inaceptables», admitió.
«Los responsables de las operaciones en Siria parecen haber actuado de la forma que creían que era la mejor para los intereses de la empresa y de sus empleados», dijo la empresa.
«Sin embargo, la investigación revela errores de criterio significativos que son contrarios al código de conducta entonces en vigor», agregó.
La confesión de LafargeHolcim «legitima y refuerza todavía más nuestra denuncia. Corresponde a los jueces sacar conclusiones», consideró el abogado William Bourdon, presidente de Sherpa.
La empresa decidió crear un comité de ética, integridad y riesgos así como una serie de medidas tendientes a evaluar más rigurosamente a sus socios.
