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El vicepresidente venezolano para la Comunicación, Jorge Rodríguez, informó el jueves que un grupo de dirigentes opositores, entre los que se encuentra el diputado Juan Guaidó, planificó el saboteo de la banca electrónica para bloquear esas transacciones en Venezuela.
Esta información la obtuvieron las autoridades venezolanas tras la confesión de Roberto Marrero, colaborador inmediato de Guaidó, quien fue detenido el pasado 21 de marzo por sus presuntos nexos con una célula terrorista que planeaba ataques selectivos contra servicios públicos y figuras políticas.
En los archivos del teléfono móvil de Marrero se encontraron las conversaciones que sostuvo en un grupo de chat llamado ‘Cocoon 2.0’, integrado supuestamente por el político de ultraderecha Leopoldo López, quien cumple arresto domiciliario; Freddy Guevara, quien se encuentra en la embajada de Chile en Caracas y tiene una investigación penal abierta por su presunta relación con las protestas violentas de 2017, y Carlos Vecchio, nombrado por Guaidó como «embajador» ante Estados Unidos
Rodríguez mostró ante las cámaras parte de las capturas de esas charlas telefónicas, donde los miembros de este grupo opositor supuestamente planificaban sabotear las operaciones de banca electrónica en Venezuela, a través del bloqueo de las tarjetas de débito y crédito Visa y Mastercard.
– ¿Cómo sería la operación? –
El pasado 14 de marzo, Reuters publicó una información en la que se afirmaba que Estados Unidos estaba «considerandoimponer sanciones financieras que podrían prohibir que Visa y Mastercard» procesaran operaciones en el país suramericano. La fuente era «un funcionario de alto rango del gobierno de Donald Trump», según se decía allí.
En las conversaciones que habrían quedado registradas, y que son investigadas por los organismos de seguridad venezolanos, se expondrían los pro y contras de esa eventual medida, calificada por uno de los miembros del grupo como «hecatombe».
‘Cocoon 2.0’ también estaría conformado por el expresidente boliviano Jorge Quiroga; Gerardo Blyde, exalcalde del municipio caraqueño de Baruta; Ricardo Hausmann y Gustavo Tarre, nombrados por Guaidó como «representantes» de Venezuela ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de Estados Americanos (OEA), respectivamente, entre otros más.
Los participantes, según las capturas mostradas por Rodríguez, recuerdan que el 99 % de las tarjetas que se utilizan en el país suramericano son de la red internacional Maestro y que más del 70 % de las transacciones bancarias se realizan a través de puntos de venta Mastercard o Visa.
«Colapsaría el sistema de pago», habría escrito uno de ellos, según Rodríguez.
– «Hay que pensarlo bien» –
Ante el supuesto temor, expresado por uno de los integrantes del grupo, de la afectación a las operaciones bancarias en el exterior, Marrero habría respondido: «La idea no es bloquear todas la tarjetas internacionales, sino bloquear el procesamiento de pago. Esto sería súper dañino».
Además, con esta acción, se pretendería congelar el uso de tarjetas internacionales en Venezuela, que estaba siendo permitido por el sistema de mercado cambiario Dicom, y afectar al sistema Patria, plataforma electrónica estatal a través de la cual se distribuyen asignaciones monetarias y en petros a los venezolanos más vulnerables.
«Es muy complicado, hay que pensarlo bien. Es importante estar al tanto de las consecuencias porque el costo lo pagamos nosotros», habría expresado otro miembro del grupo, refirió el también ministro de Comunicación e Información.
Finalmente, otro presunto participante, llamado Octavio Lara, habría afirmado que, de tomar esa medida, el «problema será comunicacional». «Hay que montar una campaña», dijo, para que los venezolanos atribuyan el bloqueo de las operaciones a la gestión de Nicolás Maduro, como se hizo con la electricidad y el agua.
El Gobierno de Trump reconoció como «presidente encargado» al diputado Guaidó tras su autoproclamación, el 23 de enero, y ha recrudecido desde entonces las sanciones contra Venezuela. Entre ellas se encuentran el congelamiento de cuentas e impedimento de transacciones financieras del Estado venezolano en el exterior y la confiscación de bienes, lo que ha generado pérdidas de más de 40.000 millones de dólares al país suramericano.
