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Gloria Silvia Orellana
@DiarioColatino
“Creemos que por primera vez en toda la historia este movimiento ha surgido de los agravios e indignación por el abuso del poder desde el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El pueblo ha dicho basta con los corruptos”, manifestó Julio González, coordinador del Colectivo Ecológico Madre Selva en Guatemala, al explicar la situación de tensión social y política que vive su el país vecino.
“Lo que está sucediendo es que colmaron la paciencia de un pueblo que tradicionalmente ha acudido a las instancias legales para solventar las peticiones y necesidades de resolver problemas sociales, y no han sido escuchados”, reiteró González, en entrevista exclusiva con Diario Co Latino.
– ¿Qué ha ocurrió para que el pueblo llegará a las protestas actuales?
El caso es que, frente a una autocracia (concentración de poder), porque en eso se convirtió el gobierno de Alejandro Giammattei, que desde un principio de 2020, comenzamos con una serie de protestas ante la apatía y la forma en que pretendía resolver algunas demandas sociales.
Inició también la represión a las manifestaciones, es decir, durante su período aplicó represión social, luego desatendió a la prensa y se negó a darles declaraciones, de hecho, no atendía a la población. Y su gobierno fue cerrando los espacios de diálogo que se habían creado a partir de los Acuerdos de Paz (1996).
Y prácticamente se encerró en esa dinámica, sencillamente para desarrollar sus políticas de gobierno que no reflejaban en ningún momento algún tipo de desarrollo. Se abrió la minería, buscó la manera de impulsarla después de la pandemia COVID 19, lo que llamó la reactivación económica.
Su opción fue continuar con el modelo extractivo, que es el que ha causado específicamente mucho descontento y contribuido a la conflictividad socio ambiental y de esta manera ha atacado personas defensoras de derechos humanos y ambientalistas.
– ¿Cuáles otros problemas incidieron en este malestar social?
En la agenda que quedó planteada luego que salió la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala), con los casos paradigmáticos de corrupción, fueron abordados por los actuales funcionarios de gobierno con la idea de liberar a todos aquellos personajes de la política anterior -algunos ya condenados- y otros en procesos judiciales.
Y se han dedicado en los últimos dos años a sacar de la cárcel a militares que fueron sentenciados por genocidio, a los políticos que se comprobó que habían cometido actos de corrupción con el uso de los fondos públicos. Y hasta el mismo, expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti están negociando su libertad a partir del control que Giammattei logró establecer cooptando los tres poderes del Estado.
– ¿Cómo sucede la cooptación de los tres poderes del Estado?
Al tener el Ejecutivo, que traza las líneas de conducción, pasó al Legislativo comprando la mayoría de diputados para poder dictar algunas leyes que son impopulares. Y ya con estos dos poderes que tienen en sus manos la potestad de nombrar a los magistrados, se apoderan del poder judicial.
Entonces, hay una Corte Suprema de Justicia que actualmente ha usurpado el poder por 4 años más, desde que fueron nombrados y son ilegales. Por otro lado, la Corte Constitucionalidad (CC), que es el tribunal de mayor jerarquía, allí lograron meter a 3 magistrados que se vieron forzados a falsificar títulos de doctorados y maestrías, para tener los requisitos y optar al cargo.
Lo mismo hicieron nombrando al procurador de Derechos Humanos (PDDH), que ahora es un funcionario que no ha actuado, y no se ha pronunciado ni se le ha visto ejerciendo la labor de defensa del pueblo en esta situación que vivimos actualmente.
– ¿Qué papel ha jugado el Legislativo para generar este movimiento social?
Comenzaron a generar leyes impopulares como la de los transgénicos, hay otra ley contra las oenegs para quitarles su personalidad jurídica; está también la ley Monsanto para facilitar la obtención de patentes vegetales del país. Y una amnistía para los militares y evitar que sigan planteándose juicios por delitos de Lesa Humanidad que cometieron contra la población.
En ese plano creo tenían claro que ya teniendo esto trazado iban a continuar en el poder, o sea, compraron, además, a 200 alcaldes para garantizarse votos suficientes y pretender continuar usurpando el poder en el Estado.
– ¿Qué les falló en ese cálculo?
Creyeron que las cosas iban a seguir funcionando -ya tenían un plan electoral pero finalmente surgió la sorpresa, el partido político Semilla, que no aparecía contabilizado ni siquiera en las encuestas electorales, les da la sorpresa y llegó a disputar el segundo lugar.
Allí surge la desacuerdo y al ver esta situación comenzaron a buscar cualquier atisbo o indicio de ilegalidad para eliminar al partido Semilla, como quitarle su personería jurídica, anular las elecciones, repetirlas en última instancia y claro, buscando nuevamente la posibilidad de nombrar a la persona que iba a ser el siguiente presidente de la república.
Y, a eso se han dedicado en estos los últimos meses después de las elecciones, luego que les dan la sorpresa electoral. Comenzaron también, a tratar de impedir el nombramiento de cargos y tratar de culpar al Tribunal Supremo Electoral -que dicho sea de paso- fueron nombrados (magistrados) por ellos también.
– ¿Qué ha pasado con el partido Semilla, y estos intentos de anular su personería jurídica?
Ante la realidad y la transparencia con la que se realizó el proceso al Tribunal Supremo Electoral le era imposible que pudieran manipular o desvirtuar los resultados. Y la gente comenzó a percibir lo que llamamos un -golpe de Estado en cámara lenta-, que se inicia con la investigación de una denuncia anónima de un ciudadano X, y luego el Ministerio Público empieza allanando la oficina del Registro Ciudadano.
Buscando la evidencia de la ilegalidad con que fue inscrito el partido Semilla, en el año 2018, y es una cuestión sin precedentes porque una vez pasa el período para impugnar a un partido, es imposible revertirla. Ante esto se comienza a ver la intencionalidad de echar atrás todo el proceso electoral.
Sin embargo, la Corte Constitucional, -escogida por ellos-, da una resolución ambigua, amparando el proceso diciendo que tiene que haber una segunda vuelta, de que definitivamente que se tiene que respetar el proceso y que ampara al partido Semilla, mientras dure el proceso electoral.
– ¿Qué ha hecho el Ministerio Público?
El plazo del proceso termina el 31 de octubre, dándole opción al Ministerio Público para que siga investigando y que proceda de acuerdo a su mandato de investigar lo que estime pertinente y continuar con las pesquisas que tienen contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y del director del Registro de Ciudadanos.
– ¿Esto puso mayor presión social frente al gobierno?
Ya aquí era evidente la manipulación y la gente empieza a protestar, se acuerpa la votación en la segunda vuelta y la victoria del candidato Bernardo Arévalo, y el partido Semilla es contundente. Porque la ciudadanía votó masivamente ante las claras manipulaciones. Más de dos millones de votos emitidos, una cantidad inusual en la historia de las votaciones en el país. Y este respaldo los puso en una situación más complicada.
El Ministerio Público sigue con los allanamientos al Tribunal Supremo Electoral, y llegaron la colmo de secuestrar las cajas de votación que prácticamente son el mandato que tiene el TSE de garantizar el proceso electoral. Esto fue suficiente y la gente llegó el hartazgo y comienzan a salir a la calle, al principio un poco tibias, pero finalmente evoluciona a más de 80 puntos de protesta.
Y no sólo es defender el proceso electoral, también han dejado un campo minado de leyes que no son sólo antipopulares, sino lesivas para el pueblo de Guatemala.
– ¿Cómo inicia la toma de las carreteras?
Prácticamente esto es un levantamiento. Vienen las 4 autoridades indígenas que representan a los 4 pueblos Maya Xinka , Garífuna y pueblo mestizo, que se instalan indefinidamente ante el Ministerio Público, exigiendo la renuncia de las personas que han iniciado todo estas acciones que son la Fiscal General, Consuelo Porras, el Fiscal Especial Contra la Impunidad (FECI) Rafael Curruchiche.
Y el Juez Séptimo de lo Penal de Guatemala, Fredy Orellana, quien ordena acciones judiciales contra Bernardo Arévalo, presidente electo de Guatemala y el partido Semilla, y hasta el secuestro de documentación del TSE, por parte del Ministerio Público.
Exigimos la renuncia de esas personas que iniciaron todas estas acciones que realmente violentaron no sólo el Estado de Derecho, si no también han ofendido la dignidad de los guatemaltecos poniendo en entredicho la libre determinación expresada a través del voto.
– ¿Qué oportunidad existe frente a la mediación de la OEA en Guatemala?
Ya le pidieron a Luis Almagro (OEA) que venga y que pueda mediar la situación, pero la propuesta desde los movimientos sociales es que, primero, que renuncien los señalados y después platicamos.
Porque no se puede caer en el juego de la mediación con una persona que tampoco ha cumplido con su papel histórico como Secretario General de la OEA, lo hemos visto en el caso de Bolivia, el caso de Ecuador y Brasil, en donde jugó un papel importante precisamente avalando esos golpes de Estado judiciales.
Y el empecinamiento de no ceder, es porque si esas personas renuncian, se les cae el golpe de Estado que están fraguando y pierden credibilidad entre sus socios o cómplices tanto empresarios, mafias, políticos y militares que cogobiernan con este presidente y se quedan indefensos contra lo que podría venir después, que es la persecución judicial por los delitos cometidos y en esa situación estamos.
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