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Por Leonel Herrera*
Las organizaciones indígenas y movimientos sociales de Guatemala llevan tres semanas en un paro nacional, exigiendo la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y otros funcionarios fiscales y judiciales responsables del desmontaje de la institucionalidad anti corrupción y de los bloqueos para impedir la toma de posesión del presidente electo Bernardo Arévalo.
Los manifestantes mantienen bloqueadas las principales vías a pesar de la guerra mediática y las amenazas de represión, desalojo violento y persecución judicial del régimen oligárquico que intenta mantener sus privilegios en el hermano país.
Exigen respeto a la voluntad popular, el cumplimiento de sus derechos y condiciones de vida digna para la población históricamente excluida, sobre todo los pueblos originarios que han sido víctimas de genocidio, represión, pobreza y discriminación por parte de las élites corruptas que controlan nación vecina.
La valiente lucha democrática del pueblo guatemalteco contrasta con el adormecimiento que padece la mayoría de la población salvadoreña que se mantiene indiferente ante la grave regresión democrática que sufre el país, incluso las organizaciones sociales que en su mayoría están replegadas, intimidadas y acobardadas por el régimen de Nayib Bukele.
Esta semana está prevista la inscripción de la candidatura de Bukele para buscar un segundo mandato, a pesar de que seis artículos de la Constitución de la República prohíben la reelección presidencial continua. Semejante transgresión al orden democrático debería provocar una fuerte protesta ciudadana; sin embargo, ninguna señal indica que esto vaya a suceder, al menos por ahora.
Más allá de los pronunciamientos de algunas organizaciones y recursos legales que no tendrán mayor efecto, la mayoría de la población pasará desapercibida, otros no le darán importancia y algunos verán con simpatía las aspiraciones reeleccionistas del presidente que busca perpetuarse en el poder.
Tristemente la sociedad salvadoreña parece dispuesta a permitir la consolidación de una nueva dictadura, a pesar de la amarga experiencia de cinco décadas de militarismo y doce años de guerra civil. Lo hace a partir del desencanto con las fuerzas políticas que gobernaron durante la post guerra y su “enamoramiento” con un presidente que supo seducirla con una estrategia propagandística muy eficiente.
Esta estrategia tiene cinco elementos fundamentales: la utilización permanente del neuromarketing político en la comunicación gubernamental; una narrativa populista, mesiánica, polarizante, de post verdad y concentrada en la vocería presidencial; un gigantesco aparato mediático y digital que funciona coordinadamente; la aplicación rigurosa de los manuales de comunicación; y la escucha permanente de las emociones de la gente.
Esto ha permitido un irracional proceso de «desciudadanización” de la mayoría de la gente que ya no se asume como ciudadana, sino como seguidor, fans o fanático; y no ve al presidente como un funcionario, sino como una celebridad, un súper héroe o semi dios.
De hecho, en un reciente estudio de humor social realizado por la Universidad Francisco Gavidia (UFG), más de la mitad de los encuestados se declaró “seguidor” del presidente y un alto porcentaje respondió que Bukele es “más importante” que la Constitución y la religión.
Esta alienación de la población es, fundamentalmente, lo que permite al presidente violentar impunemente la Constitución y darle el tiro de gracia a la democracia, presentándose ilegalmente como candidato a la reelección. El otro factor es, lógicamente, el control de la institucionalidad estatal, en este caso la Sala de lo Constitucional y -sobre todo- el Tribunal Supremo Electoral.
Sin embargo, la población adormecida aún está a tiempo de despertar y asumir una actitud ciudadana para detener la estocada final del presidente autócrata contra la democracia y evitar la instauración de una nueva dictadura.
Para ello tiene el ejemplo de las movilizaciones populares de los años setenta y la lucha revolucionaria de los ochenta, que culminaron en los Acuerdos de Paz que desmontaron el militarismo y abrieron el camino para la democratización del país. Y, más atrás, está la huelga general “de brazos caídos” de 1944, que derrocó al dictador Maximiliano Hernández Martínez, el último presidente que se reeligió.
Pero si la población no se levanta, el país retrocederá 90 años: del “martinato” al “bukelato”.
*Periodista y activista.
