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Ciudad de Guatemala / AFP
Amnistía Internacional (AI) advirtió de grave retroceso en Guatemala en la lucha contra la impunidad, por ataques del presidente Jimmy Morales a una comisión antimafias de la ONU que pone en «jaque» la situación de derechos humanos.
«En los últimos dos años, las más altas autoridades de Guatemala han emprendido una serie de acciones para frenar los avances de la última década en materia de acceso a la justicia. Esto pone en jaque los derechos humanos y el estado de derecho», señaló AI en un informe.
AI apuntó a la administración de Morales, que «ha buscado socavar los esfuerzos importantes en materia de justicia» y obstaculizar «sistemáticamente» el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU creado para atacar las estructuras del crimen incrustadas en el Estado.
Detalló que el presidente, pese a resoluciones del tribunal constitucional en favor del funcionamiento de la Cicig, puso fin unilateralmente a la comisión que terminará su mandato en septiembre próximo.
La Cicig, que funciona desde 2007, cobró mayor relevancia en 2015 de la mano del exjuez colombiano Iván Velásquez, al revelar junto con la fiscalía guatemalteca una estafa millonaria en las aduanas que obligó a la renuncia del entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), acusado como cabecilla del fraude.
Otros escándalos destapados lograron imputar y encarcelar a importantes empresarios, militares y políticos que se consideraban intocables.
«Estos avances se convirtieron en el símbolo de una nueva era en Guatemala en la cual la justicia recién empezó a ser una realidad tangible, desafiando la cultura de impunidad instalada en el país desde el conflicto armado interno (1960-1996)», indicó AI.
El organismo se mostró preocupado por la inacción de la fiscalía, actualmente dirigida por Consuelo Porras, para continuar los trabajos iniciados con la Cicig cuando la fiscalía estaba dirigida por Thelma Aldana.
AI hizo «un llamado urgente» a las autoridades guatemaltecas a revertir «los retrocesos en la lucha contra la impunidad» y le recomendó «valorar» una extensión del mandato de la Cicig o crear un mecanismo que permita el fortalecimiento de la fiscalía.
El informe también detalló que esos «retrocesos» han incrementado los ataques contra los defensores de derechos humanos desde noviembre pasado, tras el anuncio del fin de la Cicig.
Además, denunció hostigamiento a la independencia de fiscales y jueces, principalmente quienes ventilan investigaciones apoyadas por la Cicig contra redes criminales y casos de delitos cometidos en la guerra civil, de 1960 a 1996.
AI fustigó al Congreso guatemalteco por el impulso de «propuestas legislativas regresivas», entre ellas una que busca amnistiar a responsables de delitos de lesa humanidad.
