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Ciudad de Guatemala / AFP
Edgar Calderón
Las autoridades migratorias de Guatemala permitieron, tras unas 25 horas de estar retenido en el aeropuerto, el ingreso de un funcionario de la misión antimafias de la ONU en el país que pidió investigar al presidente Jimmy Morales por financiamiento ilegal de su campaña electoral en 2015.
El colombiano Yilen Osorio, integrante de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de la ONU, pudo ingresar finalmente al territorio guatemalteco el domingo gracias a una orden de la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia judicial de este país.
Osorio permaneció desde el sábado en la noche en las instalaciones del aeropuerto La Aurora, en esta capital, y durante su ingreso estuvo custodiado por fiscales y personal de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), quienes verificaron que no se cometieran violaciones a su integridad, según imágenes en redes sociales.
Vistiendo una camisa a cuadros con mangas largas y un pantalón negro, el investigador de la Cicig ingresó a suelo guatemalteco hablando por teléfono celular.
Las autoridades migratorias locales habían prohibido su ingreso al país «por disposición de seguridad y de orden público», precisó el memorial oficial.
Sin embargo, Osorio consiguió no ser expulsado, luego de que un juez ordenara que debía permanecer en interior del aeropuerto mientras se aclaraba su situación.
– Corte ordena permitir ingreso –
Los cinco magistrados de la CC se reunieron de emergencia este domingo y en su fallo ordenaron al director del Instituto de Migración que permita la entrada del colombiano.
La resolución, que tuvo voto disidente de su presidente Dina Ochoa, advirtió al funcionario que en caso de incumplimiento «se ordenará su inmediata separación del cargo que ocupa, ello sin perjuicio de las demás responsabilidades legales en las que puede incurrir».
Asimismo, los magistrados afirmaron que «los funcionarios de la Cicig gozan de libertad de movimiento, sin restricción alguna, a través del territorio de Guatemala. Lo anterior «bajo los apercibimientos de ley», según el acuerdo entre el gobierno y la ONU.
El gobierno del presidente Morales negó en octubre pasado el visado a 11 investigadores. El mandatario ha estado bajo la lupa de esta misión de Naciones Unidas y de la fiscalía por presuntos actos de corrupción en las finanzas de su campaña en 2015.
La crisis empeoró el 18 de diciembre cuando Morales retiró la inmunidad a esos funcionarios y ordenó su salida del país.
No obstante, la CC otorgó el 21 de diciembre un amparo provisional solicitado por el PDH de Guatemala, Jordán Rodas, y resolvió que la cancillería debía emitir las visas de cortesía que habían sido revocadas.
– Polémica –
La decisión de migración de impedir el ingreso del colombiano, generó ola de críticas de varias organizaciones civiles y de derechos humanos, así como de Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz 1992.
La fiscal general, Consuelo Porras, en un comunicado indicó que giró instrucciones a fiscales para la detención en «flagrancia de aquellas personas que persistan en el incumplimiento de resoluciones constitucionales ya emitidas».
Además, ordenó que se inicien los procesos para quitar la inmunidad a funcionarios que hubieran desobedecido las resoluciones judiciales.
La fiscalía informó sobre la captura de dos funcionarios de Migración, mientras que el Ejecutivo hasta el momento no se ha pronunciado a pesar de la crisis.
En tanto, abogados de Acción Ciudadana, rama de Transparencia Internacional en el país, demandaron ante la fiscalía a los ministros del Interior, Enrique Degenhart, y de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, por desobediencia a una resolución judicial.
La cartera del Interior tiene bajo su cargo a Migración, mientras que la de Exterior es la encargada de emitir las visas de cortesía.
Morales, un excomediante de televisión de 49 años, mantiene desde agosto de 2017 una posición hostil contra la Cicig, luego de que ese órgano pidió investigarlo.
El gobernante derechista acusó al exjuez colombiano Iván Velásquez, titular de la Cicig, de sobrepasar sus funciones y ordenó su expulsión del país. En septiembre pasado le impidió ingresar a Guatemala tras un viaje a Estados Unidos.
La Cicig, que opera desde 2007, ha colaborado con la fiscalía en la revelación de varios casos de corrupción.
En agosto, Morales anunció que no pedirá una nueva ampliación del mandato de la Cicig, el cual termina en septiembre próximo.
