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Ciudad de Guatemala / AFP
Edgar Calderón
Las autoridades migratorias de Guatemala prohibieron el ingreso de un funcionario de la misión antimafias de la ONU en el país, que ha pedido investigar al presidente Jimmy Morales por financiamiento ilegal de su campaña electoral en 2015.
Desde el sábado por la noche, el colombiano Yilen Osorio, integrante de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de la ONU, permanece en las instalaciones del aeropuerto La Aurora, en esta capital.
Las autoridades migratorias le prohibieron el ingreso al país «por disposición de seguridad y de orden público», dice el memorial en el que se impide la entrada del colombiano a Guatemala.
Sin embargo, Osorio consiguió no ser expulsado, luego de que un juez ordenara que deberá permanecer en las instalaciones del aeropuerto mientras se aclara su situación.
El gobierno del presidente Morales negó en octubre pasado el visado a 11 investigadores. El mandatario ha estado bajo la lupa de esta misión de Naciones Unidas y de la fiscalía por presuntos actos de corrupción en las finanzas de su campaña en 2015.
La crisis empeoró el 18 de diciembre cuando Morales retiró la inmunidad a esos funcionarios y ordenó su salida del país.
– Desacato a resolución judicial –
La decisión de impedir el ingreso de Osorio se da pese a que la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia judicial del país, otorgó el 21 de diciembre un amparo provisional solicitado por el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, y resolvió que la cancillería debía emitir las visas de cortesía que habían sido revocadas.
La decisión de migración de impedir el ingreso de colombiano, generó el domingo ola de críticas de varias organizaciones civiles y de derechos humanos, así como de Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz 1992.
Menchú condenó el desacato a la orden de la CC y solicitó a la fiscalía que actúe de oficio para encausar a las personas involucradas.
La fiscal general, Consuelo Porras, en un comunicado indicó que giró instrucciones a fiscales para la detención en «flagrancia de aquellas personas que persistan en el incumplimiento de resoluciones constitucionales ya emitidas».
Además, ordenó que se inicien los procesos para quitar la inmunidad a funcionarios que hubieran desobedecido las resoluciones judiciales.
En tanto, abogados de Acción Ciudadana, capítulo de Transparencia Internacional en el país, demandaron ante la fiscalía a los ministros del Interior, Enrique Degenhart, y de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, por desobediencia a una resolución judicial.
La cartera del Interior tiene bajo su cargo a Migración, mientras que la de Exterior es la encargada de emitir las visas de cortesía.
Morales, un excomediante de televisión de 49 años, mantiene desde agosto de 2017 una posición hostil contra la Cicig, luego de que pidió investigarlo.
El gobernante derechista acusó al exjuez colombiano Iván Velásquez, titular de la Cicig, de sobrepasar sus funciones y ordenó su expulsión del país. En septiembre pasado le impidió ingresar a Guatemala tras un viaje a Estados Unidos.
La Cicig, que opera desde 2007, ha colaborado con la fiscalía en la revelación de varios casos de corrupción.
En agosto, Morales anunció que no pedirá una nueva ampliación del mandato de la Cicig, el cual termina en septiembre próximo.
