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Licda. Norma Guevara de Ramirios
@guevara_tuiter
En los últimos días se han vuelto frecuentes las comparaciones mecánicas entre países, viagra algunos comparan Grecia y El Salvador para sostener que estamos llegando a donde llegó Grecia; o que si en Guatemala se creó una Comisión Internacional Investigadora de Crímenes (CICIG) en nuestro país se debe crear un mecanismo similar.
Se supone entonces que en Guatemala donde funciona desde hace 8 años ese mecanismo no debiera haber impunidad ni violencia; pero la evidencia que no es así, viagra está en que los tres países del así llamado “Triángulo Norte”, discount vienen coordinando esfuerzos para enfrentar el flagelo de la violencia. México y Estados Unidos se interesan en que existan estrategias complementarias para enfrentar el tráfico ilegal de personas, de armas y de drogas con toda su secuela de descomposición social y violencia.
Se ha afirmado con razón que si en el norte se compra y consume droga, se produce y se venden armas, el tráfico entre sur y norte nos afecta a la región centroamericana. Nuestras instituciones requieren entonces ser fortalecidas para defender a la sociedad de los efectos del flagelo de violencia que generan las empresas del crimen.
Pese a la cercanía de nuestros países, sus instituciones y su historia revisten importantes diferencias. El Salvador para arribar a los Acuerdos de Paz en 1992 requirió del apoyo de Naciones Unidas, esa presencia que supuso la existencia de comisiones investigadoras de la verdad, de investigaciones sobre la oficialidad de las Fuerzas Armadas y de grupos criminales, fueron sin embargo respetuosas de las instituciones salvadoreñas, de las existentes, y de las que se fueron poniendo en pie como la Policía Nacional Civil, la Academia de Seguridad Pública, el Tribunal Supremo Electoral, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y otras. Los mecanismos internos de verificación y apoyo al cumplimiento de los acuerdos como COPAZ proveyeron los proyectos consensados de importantes leyes y reformas de leyes necesarias.
El FMLN se manifestó siempre reconociendo los avances y señalando los aspectos rezagados o incumplidos, y las violaciones de los mismos que representaron incluso pérdidas de vidas como la de Mario López y Francisco Veliz. En Guatemala acuerdos importantes firmados entre la ex guerrilla y el gobierno requirieron de validarse por consultas que no siempre resultaron favorables para el cambio, en materia fiscal, en reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas, y en el sistema político, la propia existencia de partidos políticos fue debilitada, no experimentó el influjo positivo que supone el arribo a un consenso nacional. En ese marco y hace 8 años, el gobierno guatemalteco solicitó la creación de esa comisión que es ahora puesta de moda (CICIG) y convertida en receta por terceros.
Pero El Salvador no es Guatemala, la presencia externa para luchar por una pronta y cumplida justicia no puede depender de actores externos; sí compartimos la urgente necesidad de alcanzar mayores niveles de eficacia en el Órgano Judicial y el Ministerio Público; por eso es preciso recapacitar y trabajar en favor del fortalecimiento de nuestras instituciones. Los acuerdos dieron incluso recursos para asegurar la independencia judicial, se estableció en la Constitución que seis centavos de cada cien que son captados como tributo, deben asignarse a la Corte Suprema de Justicia.
El órgano ejecutivo en los últimos seis años ha presentado más de 150 demandas por actos de corrupción que el sistema de justicia debe esclarecer, juzgar y castigar. La Asamblea Legislativa ha creado comisiones especiales cuyas investigaciones contribuyeron a esclarecer las actuaciones irregulares, se entregaron evidencias a la Fiscalía para deducir responsabilidades en el caso de los contratos entre CEL y la empresa ENEL. Este caso ventilado en tribunales internacionales y nacionales ha permitido la recuperación por el Estado de su recurso geotérmico; pero queda la inconformidad por el manejo del caso en favor de los ex funcionarios involucrados, evidencia pues el torcimiento de la justicia, la impunidad.
El Caso del juzgamiento del ex presidente Flores se originó en la denuncia del ex Presidente Mauricio Funes y en los resultados de la comisión especial investigadora del destino de los fondos donados por Taiwán a El Salvador. Quedando claro por confesión del propio Francisco Flores y de otros involucrados, que sí fueron recibidos los fondos millonarios por el ex presidente y entregados al partido Arena.
Las instituciones deben fortalecerse, y a sus funcionarios se les debe demandar cumplir sus responsabilidades; pero sería un retroceso propiciar una yuxtaposición de mecanismos externos que ni siquiera en la vigilancia de los Acuerdos tuvimos como país. Las recetas y copias mecánicas, peor si son inducción interesada para asegurar formas nuevas de intervencionismo, deben ser rechazadas.
