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Uno de los tres anuncios del presidente Nayib Bukele el primero de junio durante la presentación del informe de los cuatro años de gobierno en la Asamblea Legislativa fue “la guerra contra la corrupción”, y puso como ejemplo la confiscación de todos los bienes del multimillonario y expresidente de la República Alfredo Cristiani, quien, por cierto, salió del país hace aproximadamente dos años, tras anunciarse que se iba a investigar por actos de corrupción.
De acuerdo con la Fiscalía, los bienes incautados a Cristiani la noche del uno de junio, al mismo momento que el presidente Bukele ordenaba la operación, asciende a diez millones de dólares, cifra que para los bien informados les parecerá un chiste, pues de Cristiani se dicen muchas verdades y leyendas.
Una de esas verdades es que cuando privatizaron la banca, con ayuda de prestanombres, se quedó con el Banco Cuscatlán, y que cuando lo vendió hace varios lustros lo negoció en 50 millones de dólares, y la transacción fue hecha en Panamá para no pagar impuestos, lo que hace suponer que las utilidades de esa transacción fueron depositadas en bancos extranjeros.
Sin lugar a duda, los cinco años de Gobierno de Cristiani le sirvieron para incrementar su capital, a partir de las negociaciones de sus empresas con el Gobierno, sin permitir competencia, sin embargo, la expropiación de sus bienes, sin antes haber seguido un proceso judicial en el que haya sido condenado y resuelto expropiar sus bienes, hace pensar que tenía dos objetivos.
El primero, Bukele necesitaba un chivo expiatorio para sustentar su anuncio de “la guerra contra la corrupción”, y allí estaba Cristiani como anillo al dedo. En segundo lugar, para advertirle a otros oligarcas que, si se atreven a estorbar en su gobierno, sobre todo su reelección, les va a pasar lo que a Cristiani. Es decir, meterles miedo a los oligarcas que hoy por hoy están en silencio acumulando capital, y abandonando su instrumento político, el partido ARENA, que con lo de Cristiani recibe un golpe simbólico, sino no es más que una estocada de muerte. Esto último el tiempo lo dirá.
Por cierto, el presidente Bukele puso el tema de la corrupción como un “problema estructural” de El Salvador, lo cual no es cierto. La corrupción, en efecto, es un mal endémico, tan cierto esto es que el mismo gobierno de Bukele está ya metido hasta el cuello en el problema de la corrupción.
El mismo primero de junio, el presidente Bukele dijo que la reducción de municipios de 262 a 44 es porque los alcaldes y concejos municipales son corruptos o utilizan el poder político municipal para mejorar sus condiciones de vida. Pero resulta que 150 de esas alcaldías la gobierna Nuevas Ideas, y otras en alianza con GANA, como la de Mejicanos, donde su alcalde Saúl Meléndez ha sido sustituido. Otras alcaldía más son gobernadas en alianza con el PCN o el PDC.
Si de verdad hay una guerra contra la corrupción, Bukele debió ordenarle al fiscal general, Rodolfo Delgado investigar a todos aquellos funcionarios de primer, segundo y tercer nivel de su gobierno. Hubiese ordenado al Fiscal Delgado revisar los casos que estaba investigando la CICIES y procesar a los señalados. Habría ordenado al Fiscal investigar a todos los alcaldes de Nuevas Ideas acusados de corrupción.
Tuvo que ordenar investigar a sus funcionarios de primer nivel señalados por Estados Unidos como corruptos. Hubiera ordenado investigar al primer ministro de Agricultura, Pablo Anlinker.
Es decir, para creerle al presidente Bukele que va a iniciar la “guerra contra la corrupción” debió anunciar que iban a estar en investigación todos sus funcionarios en todas las esferas del gobierno: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Municipal. Asimismo, debió anunciar que iba a promover la transparencia y suspender todos los decretos sobre la información reservada del Gobierno. Esto es una verdadera guerra contra la corrupción.
Por lo tanto, investigar sólo los actos de corrupción de los gobiernos anteriores, no es más que un acto de propaganda, que se presta y prestará para revanchismo político.
Es menester corregir al presidente Bukele sobre los problemas estructurales, y decirle que el principal problema estructural en El Salvador es la desigualdad, producto de la extensa brecha entre ricos y pobres.
Recordarle al presidente que en El Salvador, 160 millonarios concentran el 87% del Producto Interno Bruto Nacional. Mientras que el 13% restante se lo reparte el Gobierno y más de cinco millones de salvadoreños. Si lo queremos ver en números, 160 millonarios se llevan año con año 26 mil millones de dólares, mientras que el Gobierno y los más de cinco millones de salvadoreños se reparten tres mil 380 millones. Este es el verdadero problema estructural del país, presidente Bukele, que no la va a resolver con su supuesta “guerra contra la corrupción”.
Producto de esa desigualdad, y ante las nulas políticas del Gobierno para combatirla, la pobreza en El Salvador aumentó casi 5 puntos porcentuales entre 2019 y 2020, pero en 2021 volvió a situarse por debajo de la cifra anterior a la pandemia. La desigualdad aumentó de 0,38 a 0,39 durante el periodo pandémico.
El presidente Bukele debió mejor anunciar la “guerra contra la desigualdad y el combate a la corrupción”, comenzado por su periodo de gobierno, de lo contrario es más de lo mismo como él dice, es decir, propaganda y persecución política.
