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Por Damian Wroclavsky
Brasilia/AFP
Los fiscales que investigan la red de corrupción en Petrobras amenazaron con renunciar y acusaron al Congreso de impulsar leyes para ahogar el caso, intensificando una guerra de poderes que tiene en vilo a la democracia brasileña.
La Cámara de Diputados aprobó en plena madrugada una iniciativa que permite acusar a jueces y fiscales de abuso de autoridad. Para los fiscales, ese proyecto representa «el comienzo del fin de Lava Jato» (lavadero de autos), como se conoce a la investigación que reveló una confabulación entre empresarios y partidos para financiar la política y acrecentar fortunas
personales mediante subastas ilícitas de obras en la petrolera.
«Nuestra propuesta es la de renunciar colectivamente en caso de que esa propuesta sea sancionada por el presidente» Michel Temer, dijo el fiscal Carlos dos Santos Lima en una conferencia de prensa en Curitiba (sur).
Irónicamente, el proyecto de ley que obtuvo media sanción el miércoles surgió de una iniciativa de los propios fiscales y contó con el respaldo de más de dos millones de firmas.
Pero los legisladores alteraron drásticamente su contenido y agregaron una enmienda que permite acusar a procuradores y jueces de «abuso de autoridad».
Los fiscales consideraron que se trata de una «ley de intimidación», elaborada por un cuerpo que tiene entre sus miembros a decenas de sospechosos de corrupción y muchos de ellos bajo el foco de la «Operación Lava Jato».
«El avance de propuestas como la ley de intimidación instaura una dictadura de la corrupción, un estado de tiranía en que el nuevo poder se ejerce fuera de los límites transferidos por el pueblo», declaró el jefe de los fiscales, Deltan Dallagnol.
Tras estas declaraciones y en una maniobra confusa, un grupo de senadores presentó la noche del miércoles un recurso para acelerar el trámite de la ley en la cámara alta y poder votarla de inmediato en el plenario, sin que fuera analizada por una comisión.
Pero la polémica propuesta fue rechazada.
«El Congreso jamás utilizará cualquier medida que sea reconocida por parte de la población como una venganza o retaliación en respuesta a las acciones de combate a la corrupción», argumentó el senador Ronaldo Caiado (DEM, derecha) al defender que la ley se tramite con los plazos normales.
Tensión en alza
La presidenta del Supremo Tribunal Federal (STF), Carmen Lucia, y el procurador de la República, Rodrigo Janot, se sumaron al reclamo de lo que ya es una batalla pública entre poderes.
Pero para Thiago Bottino, profesor de derecho penal de la privada Fundación Getulio Vargas, la renuncia de los fiscales «es una amenaza difícil de ser cumplida. El ministerio público es una institución independiente de la persona (…). Esta reacción emocional no es la mejor forma de convencer a los diputados de que la ley no debería ser aprobada», dijo a la AFP.
El enfrentamiento tendrá un nuevo capítulo el jueves cuando el STF decida si acepta una denuncia contra el presidente del Senado, Renan Calheiros, que promueve varias iniciativas para regular la acción del Poder Judicial.
El caso está bajo secreto del sumario y su juzgamiento estará precedido de un acto de magistrados federales en reclamo de lo que consideran el avance de un poder sobre otro.
Se produce además en vísperas de la firma de un acuerdo de «delación premiada» entre la Justicia y la constructora Odebrecht, la más implicada en el escándalo de Petrobras, para obtener el testimonio de más de 70 ejecutivos a cambio de una reducción en sus eventuales condenas.
La confesión masiva del grupo de ingeniería pondría sobre la mesa muchos nombres nuevos y según medios locales afectaría a un centenar de políticos, mayormente por la práctica de la llamada caja 2 de financiación ilegal de campañas electorales.
«La aprobación de la ley de intimidación ocurre en momentos en que Lava Jato está cada vez más cerca de (probar) crímenes de corrupción practicados por un número significativo de legisladores influyentes. El mismo espíritu que estableció la propuesta de autoamnistía, condujo a la intimidación de fiscales y jueces», dijo Dallagnol.
«No existe más»
La semana pasada las bancadas oficialistas habían articulado un intento de amnistiar los delitos de Caja 2, que suelen usarse para lavar dinero de la corrupción.
Pero la indignación provocada por esa tentativa llevó al presidente conservador Michel Temer a advertir que vetaría esa ley.
«Un resumen honesto de la votación en la Cámara de Diputados deberá registrar que lo mejor del proyecto fue excluido y se incluyeron medidas claras de represalia», escribió en una nota el procurador general Janot, a cargo de investigar a los funcionarios protegidos por fueros especiales.
«El proyecto [inicial] no existe más», sentenció.
La indignación por el avance de este proyecto motivó un «cacerolazo» la noche del miércoles; los golpes metálicos se oyeron en barrios ricos de varias ciudades, entre ellas Rio de Janeiro, Sao Paulo y Brasilia.
La protesta fue la antesala de una manifestación nacional «contra la forma corrupta de hacer política» convocada para el próximo domingo por grupos que apoyaron el impeachment de la izquierdista Dilma Rousseff.
El caso Petrobras es considerado el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil y le ha costado a la petrolera que fue sinónimo de futuro más de 2.000 millones de dólares en pérdidas.
