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Iosu Perales
El regreso a las armas de un grupo de disidentes de las FARC, liderados por Iván Márquez y Jesús Santrich, entre otros jefes de la exguerrilla, pretende colocar a los acuerdos de paz firmados hace tres años al borde del precipicio. Sin embargo, quienes ahora incumplen los acuerdos acudiendo de nuevo a las armas son una minoría, que contrasta con el compromiso de la gran mayoría del partido FARC que sigue comprometido con la construcción de la paz en el país. Ahora bien, el anuncio de los disidentes preocupa a la sociedad colombiana. También inquieta en La Habana, anfitriona del proceso de negociaciones, cuyos inicios se remontan a 2012.
Quien obtiene una victoria, al menos parcial, en medio de una coyuntura electoral regional es Álvaro Uribe, el expresidente que en todo momento tildó al también expresidente Juan Manuel Santos de traidor, por haber tendido la mano a las FARC, dando cobertura e impunidad “al terrorismo”, al abrir una negociación que fue tutelada por Naciones Unidas. Uribe aplicó durante su mandato medidas extremas que desataron ejecuciones extrajudiciales y el asesinato de falsos positivos (personas civiles pacíficas cuyos cadáveres se presentaban a la opinión pública como de guerrilleros), cuyo fin no era otra que extender la hegemonía del miedo y exhibir supuestos éxitos del ejército. Ahora, Uribe desearía sacar el acuerdo de paz de la Constitución haciéndolo más vulnerable.
Uribe prometió desde el primer día en que se instaló la mesa de negociaciones en La Habana, con el apoyo de Cuba y Noruega, que lucharía con todas sus fuerzas contra los acuerdos obstinado en no dejar un guerrillero vivo o en su defecto encarcelado de por vida. Santos dejó de ser presidente y en su lugar un hombre de Uribe, Iván Duque, ejerce la presidencia desde junio de 2018, no estando a la altura del cumplimiento de los acuerdos de paz firmados en septiembre de 2016.
Los acuerdos se cumplen en algunos apartados, sobre todo por el compromiso de las FARC, pero no con el impulso necesario que las instituciones deberían darle. Mientras, la ola de crímenes contra líderes y lideresas sociales ha matado ya a 500 hombres y mujeres, muchos de ellos en zonas rurales, y a 150 excombatientes de las FARC, según datos de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. Estos crímenes resultan ser calcados a los que se produjeron entre 1984 y 2002 contra la Unión Patriótica (UP). Es el derecho a la paz lo que se ha incumplido sistemáticamente en Colombia, antes y ahora.
Fueron dieciocho años de ataques, amenazas, intimidaciones, asesinatos y exilio para los militantes de un partido que vio caer a sus principales líderes y dirigentes en una racha sangrienta que ocasionó su desaparición del escenario político. Hoy, en 2019, víctimas y sobrevivientes siguen a la espera de una reparación integral con medidas de satisfacción tanto individual como colectiva. Con un ingrediente adicional luchan para que su caso sea nombrado y tipificado como un genocidio político. Los crímenes cometidos por grupos paramilitares en connivencia con agentes del Estado, fueron consumados mediante una violencia visible para exterminar a los líderes y masacres de alto impacto para aleccionar a las comunidades. El número de militantes asesinados del partido de izquierda Unión Patriótica fue de 4.153. “En esta violencia contra la UP existen patrones que apuntan a su exterminio y no solo a su hostigamiento como fuerza política”, concluyó el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) de Colombia.
El caso es que el anuncio de vuelta las armas de un grupo de las FARC es un fracaso de la política que tiene culpables. Quienes vienen golpeando a los acuerdos de paz buscando su incumplimiento han creado un terreno abonado para lo que ahora ha decidido erróneamente un grupo de jefes de las FARC. Digo que han cometido un error, pero la verdad es que es mucho más que eso: es una puñalada a la paz. La sociedad colombiana esta saturada y harta de sangre. Con las armas se crean escenarios en los que los más vulnerables y perjudicados son civiles inocentes, particularmente del mundo rural, aunque en adelante la guerra llegue a las zonas urbanas como al parecer se anuncia.
Los críticos de las FARC, los que se consideran sufrientes de los estragos represivos de los crímenes de paramilitares, lo que deben hacer es denunciar públicamente, acudir a la justicia, presionar al Gobierno para que cumpla el deber de protegerlos e implemente los acuerdos firmados, acudir a Naciones Unidas y a países que apoyan el proceso, animar a que la sociedad proteste en las calles… Pero nunca volver a las armas que es el terreno de la locura, de la irresponsabilidad y de los que como Uribe pretenden abortar todo vestigio de paz. Se dice que estos disidentes buscaran acuerdos con el Ejército de Liberación Nacional, guerrilla que inició diálogos malogrados con el Gobierno de Santos.
Las dos guerrillas se cruzaron plomo en el pasado. Paradojas de Colombia.
Sin embargo, estoy persuadido que otros factores han tenido peso en la decisión anunciada por los disidentes. El primero de ellos es que a las FARC le falló la cuenta electoral. Bajo la denominación de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común obtuvo 53.000 votos para el senado y 32.000 votos para el Congreso. Solo pudo obtener los escaños pactados en los acuerdos de La Habana, cinco para el senado y cinco para el Congreso. En las urnas obtuvo cero escaños. Con ello se puso de manifiesto que no lidera a la izquierda. Singularmente sus mejores votaciones no las obtuvo en las zonas donde operaba.
Las elecciones legislativas de 2018 hicieron que las FARC pisaran tierra. Timochenko entendió el mensaje de las urnas que deshizo la creencia de la exguerrilla de que era la máxima representación de la izquierda en Colombia. Con menos del 1 % de los votos pocas dudas quedan al respecto. Pero mientras Timochenko asumió acertadamente la realidad y se propuso construir un partido que tenga futuro, Iván Márquez, más dado a la opción militar sacó la conclusión contraria. De hecho siendo uno de los elegidos para el senado nunca apareció por dicha institución. Habrá que ver cuál es su fuerza real o si se trata solo de un anuncio desesperado.
El segundo factor y muy importante es el riesgo de una extradición pedida por EE. UU, por hechos vinculados al narcotráfico con posterioridad a la firma de los acuerdos de paz. Santrich y Márquez serían dos de los afectados.
En todo caso le corresponde a la sociedad seguir construyendo la paz, sin dejar que los gritos de guerra y de represión estatal ahoguen el derecho a vivir pacíficamente. Son muchas las experiencias de paz llevadas a la práctica en Colombia que tienen como base la defensa de la vida, la construcción de la justicia y la dignidad sin guerra. Las organizaciones civiles tienen la palabra, sobre todo cuando actores que se han hecho la guerra durante cincuenta y dos años fallan estrepitosamente.
