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Por Francisco Jara/La Habana/AFP
La guerrilla de las FARC propuso al gobierno de Colombia sellar un pacto para la búsqueda de
desaparecidos en el conflicto armado interno, site al cerrar un ciclo de negociaciones de paz en La Habana.
«Creemos que la Mesa de Conversaciones (de La Habana) debe pactar ya compromisos de desescalamiento que incluyan la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas», advice dijo a la prensa el jefe negociador de las FARC, Iván Márquez.
«Aunque las cifras de casos de desaparición forzada son disímiles, todas hablan de decenas de miles de víctimas, y todas las fuentes coinciden en que en Colombia ha habido más desapariciones forzosas que la suma de los desaparecidos por las dictaduras de Chile y Argentina», añadió.
El conflicto de medio siglo ha dejado unos 50.000 desaparecidos en Colombia, según la Fiscalía de ese país. La dictadura argentina (1976-1983) culminó con 30.000 muertos y desaparecidos, mientras que la chilena (1973-1990) con 3.200.
En Colombia las autoridades iniciaron hace un mes la búsqueda de restos de desaparecidos en un vertedero de Medellín (norte).
Márquez lanzó esta propuesta al cierre de un ciclo de diálogos de paz, el 40º desde noviembre de 2012, centrado en temas de justicia y la violencia de género y sexual como arma de guerra.
Ambas partes retomarán las negociaciones el 11 de septiembre, según anunciaron en un comunicado conjunto.
El gobierno y las FARC alcanzaron el 12 de julio un histórico acuerdo para desescalar el conflicto, dando un renovado impulso a sus negociaciones, amenazadas desde abril por un recrudecimiento de las hostilidades.
Desde el 20 de julio rige una tregua unilateral de la guerrilla y el gobierno de Juan Manuel Santos suspendió seis días después los bombardeos a reductos rebeldes.
Hasta ahora ambas partes han cerrado tres de los seis puntos de la agenda. Además acordaron crear una Comisión de la Verdad e iniciaron un programa piloto de desminado.
«Proceso de paz se mueve «
Iván Márquez también pidió al gobierno que frene la «belicosidad» de jefes militares regionales que están supuestamente «hostilizando» a la guerrilla.
«Insistimos al Gobierno en la necesidad de actuar en consecuencia con la tregua unilateral declarada por las FARC (…), reclamamos racionalidad y coherencia», expresó.
La delegación del gobierno, encabezada por el exvicepresidente colombiano Humberto de la Calle, no formuló declaraciones a la prensa.
Márquez afirmo que hubo «avances» en esta ronda de diálogo.
«Concluimos un nuevo ciclo de conversaciones con intenso trabajo simultáneo en las subcomisiones, jurídica, de esclarecimiento y fin del paramilitarismo, de género, y en la de cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo», explicó.
«Sin desconocer la complejidad de la temática en discusión, podemos entregar un parte positivo al país, registramos avances, el proceso se mueve en dirección al Acuerdo Final» de paz, añadió.
Justicia y limpieza de minas
Durante este ciclo, los equipos jurídicos del gobierno y la guerrilla sostuvieron su segunda reunión, del viernes al domingo.
«El grupo de juristas también avanzó en las discusiones de mecanismos dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición», dijeron en el comunicado conjunto.
Justicia es uno de los temas más complejos de la agenda, pues ambas partes se culpan mutuamente de ser responsables de la violencia armada, que ha dejado 220.000 muertos y seis millones de desplazados, según cifras oficiales.
Los asesores jurídicos del gobierno son los colombianos José Manuel Cepeda y Juan Carlos Henao, y el estadounidense Doug Cassel.
En tanto, los abogados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) son los colombianos Álvaro Leyva y Diego Martínez, y el español Enrique Santiago.
Ambas partes anunciaron además que este lunes será reanudado el desminado en una zona de Antioquia (norte), a cargo de una ONG noruega, suspendido tras la muerte de un militar que retiraba explosivos, el 15 de julio.
«A partir de este lunes 31 de agosto continuarán las operaciones de descontaminación de explosivos en la vereda El Orejón (…), tras revisión y actualización (…) de los procedimientos operacionales», dijeron en el comunicado conjunto.
Las minas han dejado desde 1990 más de 11.000 víctimas, entre muertos y heridos. Colombia es el segundo país con mayor cantidad de víctimas por las minas, después de Afganistán.
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