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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Como hace 40 años, los sobrevivientes de la Guinda de Mayo recorrieron de nuevo la ruta de huida del operativo militar “Domínguez de Pacificación”, realizada ese 27 de mayo de 1982 hacia Los Amates, pero esta vez para honrar la memoria de sus seres queridos, quienes fueron asesinados en el marco de la estrategia de “operación limpieza” o “yunque y martillo” realizado por el ejército salvadoreño, con la colaboración del de Honduras.
Los testimonios son desgarradores aún: “Cuando él les dijo que no lo mataran porque tenían dos niños pequeños, fue cuando más rápido los mató el soldado”. “Fue a las seis de la mañana (27 de mayo) que comenzaron a disparar y la gente comenzó a tirarse al río y a morir, no perdonaban la vida de nadie”, expresó otro.
El recordatorio de todo esa experiencia de violencia y sufrimiento de las víctimas sobrevivientes en las últimas cuatro décadas, solo es superado por la ausencia de justicia, consideró Suyapa Serrano Cruz, hermana mayor de Ernestina y Erlinda, que aún espera junto a su hermano Fernando, una investigación que mandató la Corte Interamericana para dar con el paradero, investigar, juzgar, sancionar y reparar su desaparición forzada.
“Para mí es bien doloroso que hayan pasado 40 años de desaparecidas y 28 años de la sentencia (Corte IDH) sin que las hayan buscado aún, para nosotros es un dolor muy grande. Ya murió mi mamá a la que le prometimos seguir buscando a Ernestina y Erlinda, pero también para nosotros el tiempo pasa sobre nosotros y hemos desarrollado enfermedades que cada día nos afectan eso es bien tremendo”, expresó Suyapa.
Sobre la postura del Ejecutivo y la Fiscalía General de la República (FGR), de denegar las diligencias judiciales para el acceso a los archivos militares y otros documentos administrativos que servirían para establecer el paradero de las niñas Serrano Cruz, luego de su desaparición forzada por elementos de la Fuerza Armada (FAES), señaló que ninguna administración de gobierno ha tenido la voluntad política de realizarlo y menos el ente fiscal de cumplir con su mandato constitucional.
“Nadie ha hecho ningún esfuerzo – porque si lo hubiera- ya tendríamos información, no eran solo dos niñas, fueron un centenar las desaparecidas”, acotó.
“A nosotros nos sostiene la fe, que no se nos acaba, y mientras nosotros junto a mi hermano podamos y estemos vivos seguiremos buscándolas y reclamando que investiguen dónde están Erlinda y Ernestina, somos diabéticos, no tenemos la misma energía, pero le estamos pidiendo al gobierno esos libros y archivos militares porque hay un registro del cuartel a donde las llevaron y tuvo que haber alguien que caminó con ellas, solo queremos la verdad”, manifestó Suyapa.
La Asociación ProBúsqueda, junto a Asociación Sumpul, CRIPDES, CCR, Cáritas Chalatenango, gobierno municipal de San José Las Flores, familiares de víctimas y sobrevivientes de la Guinda de Mayo, conmemoró con un acto religioso y diversas actos culturales el 40 aniversario de la Guinda de Mayo y la masacre en el Río Sumpul.
La ruta de la Guinda de Mayo, que recorrieron en tres estaciones, les recordó las dificultades y las situaciones límite que vivieron hace cuatro décadas, cuando el gobierno en turno desató un “terrorismo de Estado” contra la población civil, en el auge del conflicto armado que se prolongó por 12 años, hasta la firma de los Acuerdos de Paz, en 1992.
“Esas casi 5 mil personas eran población civil, y no guerrilleros como les han dicho siempre, es que realizamos este acto, para honrar su memoria y dignidad. Tenemos un altar significativo para los niños y niñas que fueron asesinados y también pedimos por los desaparecidos. Las tres estaciones representan todo ese dolor”, afirmó, Tulita Tobar,alcaldesa de San José Las Flores.
Mientras, Ana Julia Escalante, psicóloga de ProBúsqueda, señaló que las familias que los acompañaban en el acto de conmemoración, muchos aún tenían niños y niñas desaparecidas. Algunos han sido reencontrados por Pro Búsqueda, y otros son casos de búsqueda activos.
“Aquellas niñas y niños –muchos ahora- son personas adultas que fueron desaparecidas durante el conflicto, que también han sido violentadas en sus derechos humanos, porque muchos quieren recuperar su identidad, recuperar el apellido de sus padres o tener contacto con ellos. Estos de los más difíciles porque hay muchas familias que ya no son localizables, es difícil, pero estaremos trabajando con ellos”, sostuvo Escalante.
“Son 28 años del caso de las hermanitas Serrano Cruz, y aún está en fase inicial (Juzgado de Primera Instancia, Chalatenango) y eso solo se puede traducirse en impunidad, junto a esta masacre de El Sumpul”, indicó el director de Pro Búsqueda, Eduardo García.
“Es que –como puedes pensar- que no es impunidad si todavía la Fiscalía General de la República no ha podido aportar pistas al caso y cuenta con 8 fiscales elegidos por la Asamblea Legislativa por mayoría de votos, que presentaron su currículum en que convencieron a esos 84 diputados de ser personas idóneas para esos cargos de investigar el delito. Entonces, todo este retardo de justicia solo puede llamarse impunidad y esa es la desgracia con la que viven las víctimas sobrevivientes”, señaló García.
Al comparar con las capturas masivas de personas inocentes, cuyas madres permanecen exigiendo la devolución de sus hijos e hijas, “aquí se cumple lo que decía Monseñor Romero, la justicia solo pica el pie del descalzo”.
“Son pobres la gente que están metiendo presa y le están dando 6 meses para imputarles un delito que no han cometido. Y así ha pasado con el caso de las hermanas Serrano, que desde hace 28 años no aplican justicia, aquí se enfrentarán al reclamo de las autoridades con las personas que serán encarceladas injustamente 2 o 3 años,o se volverá a repetir la historia”, acotó.
“Si habrá una confrontación social a futuro, eso lo decidirá solamente la sociedad por sus derechos -nosotros estamos claros- no defendemos a ningún delincuente ni de cuello blanco ni pandilleros, pero si defendemos la justicia y la verdad. Además, la cantidad de mujeres que buscan a sus hijos inocentes siguen ahí esperando justicia y habrán otros que si son culpables y deben pagar su delito contra la sociedad y se debe aplicar justicia, pero siguiendo las normativas jurídicas constitucionales para vencerlo en juicio luego de una investigación”, puntualizó García.
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