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Saúl Méndez
Colaborador
El Bufete Grupo Ortega presentó una solicitud de hábeas corpus ante la Sala de lo Constitucional en representación de 30 de los 238 ciudadanos venezolanos detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Estos fueron deportados desde Estados Unidos a El Salvador sin pruebas en su contra, bajo la presunción de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua.
Jaime Ortega, abogado representante, aseguró que los venezolanos deportados están sufriendo una detención ilegal debido a que ninguno presenta antecedentes penales ni en Venezuela ni en los Estados Unidos. «Por esa razón nosotros consideramos que como primeros auxilios es menester presentar el hábeas corpus a la Sala de lo Constitucional para que la sala lo resuelva y haga las comunicaciones y las averiguaciones pertinentes para definir la situación y las condiciones en las cuales se encuentran», aseveró el abogado.
Los 238 inmigrantes venezolanos llegaron a El Salvador el 15 de marzo en tres vuelos diferentes. El juez federal James Boasberg prohibió el mismo sábado las deportaciones hechas sin garantías jurídicas y bajo la ley de 1798 contra Enemigos Extranjeros. También ordenó que los vuelos que transportaban a los venezolanos regresasen a territorio estadounidense, pero los aviones no volvieron bajo la excusa de encontrarse en aguas internacionales fuera de su jurisdicción.
«No hay ninguna prueba que determine su implicación.
Al contrario, lo que hay son pruebas, testimonios de que estas personas son migrantes y que por su situación de migrantes fueron expulsados de los Estados Unidos de América», explicó el despacho de abogados.
«La Sala de lo Constitucional, si admite esta demanda y si le da trámite, librará oficios a las instituciones pertinentes para que brinden los informes, sean nacionales o internacionales», agregó.
Exigen que los 238 inmigrantes detenidos sean puestos en libertad de forma inmediata y se efectúe el correspondiente traslado y repatriación como se manda en la ley de inmigración.
«Se está vulnerando el derecho a la libertad, que está instituido en el artículo 5 y 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ‘Toda persona tiene que ser libre, excepto con las limitaciones que la ley establece, al cometer un delito’, pero la mayoría de personas que vienen en esta situación son personas que lo único que han cometido es ingresar ilegalmente a los Estados Unidos y esa es una cuestión administrativa eminentemente de inmigración. No es una situación penal», alegó Ortega.
El Bufete Grupo Ortega es un bufete jurídico independiente contratado por el gobierno de Venezuela y por el Comité de Familiares de Personas Inmigrantes para poder representar en el país a los ciudadanos venezolanos recluidos.
El bufete sostiene que la medida es xenofóbica e inconstitucional.
Los abogados afirmaron que se ha violado el artículo 8 del Código Penal Salvadoreño y acusaron al presidente de EE.UU., Donald Trump, de llevar a cabo actos de xenofobia contra ciudadanos no estadounidenses.
«Es xenofóbico el señor presidente norteamericano porque él siempre ha maltratado a todos los latinoamericanos, mexicanos, centroamericanos, suramericanos», declaró el vocero del Bufete Grupo Ortega.
Según los abogados, esta política ha resultado en la detención arbitraria de ciudadanos venezolanos. «No tienen por qué estar detenidos los venezolanos. Tienen que estar libres. El señor presidente de El Salvador debió haberlos remitido directamente hacia el territorio venezolano», explicó.
El bufete argumenta que la ley penal salvadoreña tiene un carácter territorial y que los venezolanos detenidos no han cometido ningún delito en el país.
«El artículo 8 del Código Penal establece que las leyes penales se aplican a hechos cometidos dentro del territorio nacional. La Ley Penal Salvadoreña es eminentemente territorial. Aquí los venezolanos no han cometido ningún delito», explicaron.
Además, insistieron en el principio de presunción de inocencia y presentaron documentación apostillada que respalda la situación migratoria de los detenidos. «Entre ellos hay un cantante reconocido en redes sociales. Son migrantes, no criminales», afirmaron.
En ese contexto, los abogados interpusieron un recurso de hábeas corpus para solicitar la liberación de los detenidos. «No hay pruebas que los vinculen con agrupaciones criminales. Por el contrario, la evidencia en medios de comunicación e informes internacionales confirma que son migrantes», argumentaron.
Los abogados enfatizaron que la expulsión de los venezolanos ha sido «totalmente ilegal, violando convenios internacionales y principios del derecho humanitario». Esperan que la Sala de lo Constitucional resuelva el caso conforme a la legislación migratoria salvadoreña, que establece procedimientos claros para la repatriación de extranjeros.
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