Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Con la finalidad de asegurar la atención a los lisiados de guerra de la Fuerza Armada, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron con 48 votos una reforma a la Ley de Protección y Rehabilitación Profesional del Personal de la Fuerza Armada.
El dictamen parcial de la Comisión de Defensa fue discutido en la Sesión Plenaria de este miércoles. Cabe mencionar que la parcialidad del dictamen se debe a que no resuelve por completo las necesidades de este sector.
La modificación tiene por objeto dictar normas básicas que permitan mayor participación del Estado en la atención y protección a los lisiados de la Fuerza Armada de la República y coadyuvar en el desarrollo de los programas de rehabilitación, que en su favor lleva a cabo el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada.
Para Santos Melara, si bien la modificación es importante, no resuelve completamente las necesidades de los lisiados de guerra debido a que el programa de rehabilitación es solo uno de los aspectos que se deben asegurar.
“Debemos recordar que este acuerdo contiene dos temas. No solo es la situación del programa de rehabilitación de una cantidad significativa de efectivos que desde 1980 están con dificultades. Este año hay que empezar a pagar a 595 lisiados que están exigiendo que se les cancele su indemnización y en esta oportunidad no se quiso aprobar también este tema, aún cuando el Ministerio de Defensa planteaba que ambos aspectos deberían ser resueltos”, dijo el parlamentario.
Según el dictamen favorable parcial de la Comisión de Defensa, el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) ha recibido transferencias las cuales se han destinado al Programa de Rehabilitación Profesional. En virtud que el Ministerio de la Defensa Nacional es quien administraba este programa a través del instituto, consideró a bien solicitar mediante reformas a la Ley de Creación del Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA), con lo cual se facultó a dicho centro la administración del programa en mención, que actualmente es financiado por los aportes del Estado y las cotizaciones de los miembros de la institución castrense.