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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Decenas de habitantes de la isla Tasajera acudieron a la Asamblea Legislativa para mostrar su rechazo ante lo que consideran ilegal la acción del gobierno, que los desalojó la semana pasada de los terrenos en los que residían desde hace más de 40 años.
Los pobladores de la isla afirmaron que el desalojo se efectuó sin que se presentara orden judicial o algún documento que respaldara dicha acción; además, destacaron que anteriormente un juez emitió fallo a su
favor, en el que les permitía habitar los terrenos en la isla.
“Todo se hizo de manera ilegal ya que no presentó orden alguna, además de que poseemos documentos en los que la juez falla a nuestro favor, también el dictamen de la Cámara en el que le ordenaron revertir la orden de desalojo y notificara de ello”, dijo Élmer Funes, habitante
desalojado de la isla Tasajera.
Funes externó, además, que la medida ilegal desarrollada por el gobierno atenta contra el derecho a la propiedad de más de 180 familias, a quienes únicamente se les notificó que la orden provenía directamente de la Presidencia de la República.
Los pobladores de la isla desalojados por el gobierno manifestaron que reunirán la documentación respectiva para presentar el caso ante la Fiscalía General de la República, en razón de que se investigue el porqué se llevó a cabo el desalojo sin orden judicial.
En el mismo sentido, diputados del FMLN presentaron en el primer órgano de Estado una solicitud de derogatoria al decreto número 23, conocido como la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad y Posesión Regular de Inmuebles, a iniciativa de varias comunidades de escasos recursos.
Jaime Sandoval, diputado del FMLN, afirmó que el artículo 5 de la ley en comento fue declarado inconstitucional por los magistrados de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por violentar el derecho a la vivienda de todos los salvadoreños.
“Los jueces que siguen estos procesos tomaron decisiones arbitrarias, perjudicando a las personas más necesitadas, y han desalojado a personas que tienen entre 40 y 50 años de habitar de forma regular en determinadas comunidades, tratándolos como si fueran delincuentes”, sostuvo Sandoval.
