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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
L}os habitantes de la Isla Tasajera, de San Luis la Herradura, en el departamento de La Paz, denunciaron que desde el pasado fin de semana, sin ninguna orden de desalojo, la familia Closa, con el apoyo del gobierno y agentes policiales custodian el lugar y desmantelan las viviendas, para construir el megaproyecto turístico “Cancún de El Salvador”.
“La Isla Tasajera nos pertenece por derecho de ley a todos los que habitamos en ese lugar, porque en los 12 años de guerra la protegimos, a la familia Closa el banco le embargó, y en 2005 la dejó como un fideicomiso para el Estado. En 2011 el gobierno la dejó donada, hay un testamento, donde el banco nos deja protegidos a todos los habitantes”, expresó David Durán, residente y uno de los afectados de la Isla Tasajera.
Agregó que muchas viviendas han sido destruidas, las parcelas de cultivos fueron dañadas y algunas quemadas, porque a los habitantes los toman como usurpadores de tierra, el motivo del desalojo es por el proyecto de la cadena hotelera “Cancún de El Salvador”. Las familias afectadas son 500 no 11 como ha dicho la ministra de Vivienda, Michelle Sol.
“Han quemado los cultivos de marañón, destruidos los viveros de tilapia, los cerdos de las casas, y las viviendas dañadas”, dijo otra afectada.
“El gobierno no es dueño, la isla no está para reubicación, cada familia pro vivir allí por más de 40 años tiene el derecho de su vivienda y parcela, se reubica las personas que no tiene terreno ni los recursos hacer sus viviendas. En la Asamblea se busca un apoyo de los diputados e instalar una mesa de diálogo”, recalcó Durán.
Los afectados recordaron que en 2019 el gobierno de Bukele les prometió no desalojarlos y darles una solución. En 2020 se comprometió a construir una unidad de salud con UCI en la isla, sin embargo, el 2 de diciembre llegaron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), delegación de La Paz, junto a la Fiscalía General de la República (FGR) para notificarles, sin ninguna orden judicial que tenían un plazo de tres días para desalojarlos de los terrenos.
Leonardo Funes, presidente de ADESCO Isla Tasajera, explicó que el lugar donde habitan ha sido territorio en disputa, porque según datos del Centro Nacional del Registro (CNR), el territorio tiene una extensión de 699 manzanas que pertenecen al Estado, de las cuales solo 174.94 son propiedad de Antonio Closa.
Dijo que esta disputa se originó a partir del deseo de desarrollar el megaproyecto turístico “Cancún de El Salvador”, que incluye hoteles, bares, restaurantes y centros comerciales, aunque en 2020 para intentar concluir el conflicto, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, negoció que la familia Closa proceda con la construcción del complejo turístico a cambio que done un terreno para reubicar a las familias que están en la propiedad de los Closa.
“El acuerdo de reubicación no se cumplió, ni la ministra de Vivienda ni los Closa han gestionado la reubicación de estas familias que forman parte de nuestra comunidad. Desde el 2 de diciembre, cuando fuimos notificados del desalojo, hemos sido víctimas de acoso y tratos degradantes, han cortado alambres, retirado cercos e, incluso, destruir nuestras viviendas”, detalló.
Los desalojos han sido por parte de agentes de la PNC y la FGR sin orden judicial emitida por un juez competente; lo cual implica una vulneración a los derechos a la vivienda, propiedad privada, seguridad jurídica, y al debido proceso en perjuicio de las familias que habitan en la isla Tasajera; es un acto injusto, inmoral, inconstitucional, ilegal y arbitrario.
Según los habitantes de la Isla Tasajera, ambas instituciones, gestionadas por Mauricio Arriaza Chicas y Rodolfo Delgado, respectivamente, sobrepasan el ejercicio de sus facultades contempladas en el ordenamiento jurídico.
Ante las amenazas y primeras acciones de desalojo contra habitantes en la isla Tasajera, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) expresó su solidaridad con las decenas de familias, quienes tienen más de 30 años de residir en la zona.
El BRP pidió al gobierno que detenga de inmediato toda acción de desalojo, que el Estado les proporcione seguridad jurídica sobre la propiedad de sus terrenos, la construcción de sus viviendas y la inversión para el trabajo en la tierra.
Las organizaciones que integran el BRP hicieron un llamado al gobierno para que se reconozca a sus habitantes el cuidado de los recursos naturales del medio ambiente donde han vivido.
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