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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
La Mesa Nacional de la Línea Férrea acudió al Ministerio de Obras Públicas (MOP), a pedir información sobre el “Tren del Pacífico”, que iniciará en Acajutla, Sonsonate, así como un monorriel en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
Francisco Aragón, representante de la Mesa Nacional de la Línea Férrea, indicó que se sienten intimidados debido a las inspecciones de delegados del MOP en diferentes comunidades, ya que nadie les ha informado sobre el proyecto “Tren del Pacífico” y monorriel.
“El jueves pasado anduvo personal de CEPA, el MOP, instituciones que administran la energía eléctrica y un grupo de policías, que llegaron a toman fotografías y supervisar los terrenos, causando preocupación entre los habitantes porque no dan información, nos da temor que de la noche a la mañana nos vengan a quitar los terrenos donde estamos viviendo”, detalló.
Asimismo, solicitó al ministro de Obras Públicas la agilización en el proceso de escrituración pendientes, porque con la nueva ley del Tren del Pacífico, el decreto 360 directamente le da la potestad al MOP para que administre los terrenos de la línea férrea, donde albergan cerca de 70,000 familias en 44 municipios de 10 departamentos.
Aragón externó que el decreto 289 beneficia a los habitantes de la línea férrea, hay 9,714 familias aptas para recibir su estructura pero con el nuevo decreto se paralizó el proceso, lo cual ha generado preocupación y zozobra en las comunidades.
“Pedirle al presidente de la República y a los diputados una reforma del decreto 360, para que les den una oportunidad a esta familias de la línea férrea de contar con una escritura, pues le estaríamos garantizando a nuestra familia la legalidad jurídica y dejarles un legado”, recalcó.
Una de las preocupaciones de estas familias es que sean llevadas a zonas donde deban pagar una alta cuota por las viviendas, tal como ocurrió con la comunidad Los Angelito, de Nejapa, pues la mayoría son trabajadores por cuenta propia y de escasos recursos económicos.
La Mesa Nacional de Línea Férrea pide el fiel cumplimiento al decreto 289 aprobado el 3 de abril de 2019, y se garantice el derecho a la propiedad a las 70,000 familias que durante décadas han habitado en la línea férrea.
Exhorta a las instituciones del Estado no entorpecer los procesos encaminados a la dignificación de estas comunidades, con la introducción del agua potable, energía eléctrica y aguas negras, servicios los cuales necesitan el aval de las autoridades y hasta la fecha se están negando.
