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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Habitantes de la Comunidad Los Cóbanos, de Acajutla, Sonsonate, se presentaron este martes en las afueras de la Asamblea Legislativa pidiendo alternativas para ser reubicados tras desalojos que la Fiscalía General de la República (FGR) realiza por órdenes del Ministerio de Medio Ambiente.
Ever Mojica, habitante de la comunidad, dijo que ya han desalojado a dos familias y hay otros tres procesos más para desalojarlos. Aseguró que tienen años de vivir en la zona. “Somos nativos, ahí hemos crecido y se nos está desalojando en plena pandemia sin ninguna alternativa, nos desalojan y nos dejan en las calles, tenemos hijos y familias”, resaltó Mojica. “No estamos en contra del desalojo, estamos en contra de que no se nos quiera reubicar, ya que nuestra fuente de ingresos es en la comunidad. Somos pescadores y comerciantes y nos desalojan sin ninguna alternativa, nos han dicho que no están obligados a reubicarnos a darnos dónde vivir”, comentó Ever Mojica, de la comunidad Los Cóbanos.
Según dijo Mojica, de las dos familias que han sido desalojadas, “están de posada”. Ante esta situación se han unido como comunidad porque “sentimos el miedo que después de estas casas, sean otras más, ya que hay rumores que este proceso continuará con las demás casas”, expresó.
Son alrededor de 200 a 221 familias que están en la incertidumbre, y que hasta ahora se ha presentado el problema. Estos desalojos son en la Playa Los Cóbanos, en el cantón Punta Remedios, en el municipio de Acajutla. El habitante reveló que pidieron ayuda a la alcaldía de Acajutla para que pudiesen vivir en zonas verdes y según dijo, en el Centro Nacional de Registro (CNR) las tierras le pertenecen a la comuna, por lo cual al darle donde vivir, la municipalidad les cobra el impuesto de aseo, electricidad y les han brindado unos papeles en el cual se les hace acreedor de sus inmuebles “pero ya cuando el proceso se legaliza y sube de nivel, nos dicen que esos papeles no son legales y que nosotros estamos usurpando, y en caso de hallarnos culpables en un tribunal de justicia, es de 3 años de cárcel, es injusto” , comentó.
El artículo 219 del Código Penal de El Salvador establece que “el que con fines de apoderamiento o de ilícito provecho, por medio de violencia, amenazas, engaño o abusos de confianza, despojare a otro de la posesión o tenencia legal de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produjere invadiendo el inmueble, permaneciendo en él o expulsando a los ocupantes, será sancionado con prisión de uno a tres años”. Justamente, Ever Mojica dijo que el artículo es claro, y ellos como comunidad no han incumplido la ley, ya que ellos han crecido, viviendo allí, ya que no tienen algún otro lugar y no han quitado a la fuerza a otros habitantes.
