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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Miembros de Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCOS), Juntas de Agua y población civil del municipio de San Pedro Perulapán, en el departamento de Cuscatlán, rechazaron los intentos de privatización del agua orquestados por los partidos de derecha en la Asamblea
Legislativa.
Para los miembros de las ADESCOS, el agua es un recurso natural esencial para la vida, por ello su acceso debería ser reconocido y protegido a nivel constitucional como un derecho fundamental que permita el desarrollo integral de los seres humanos.
Las Juntas de Agua del municipio también consideraron que desde 2006 existen diversas propuestas de regulación de agua en El Salvador sin que hasta la fecha se apruebe un marco normativo que ordene el rubro.
Para los manifestantes, en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, instancia donde se analiza dicho anteproyecto de ley, durante varias legislaturas se estudió la Ley General de Aguas, un marco normativo consensuado con las
organizaciones sociales, instancias gubernamentales y juntas de agua, el cual avanzó en 92 artículos, que los diputados actuales deberían continuar discutiendo.
En cambio, los partidos de derecha aprovecharon la correlación propuesta por las elecciones del 4 de marzo para imponer su ley en la comisión, es decir, el anteproyecto de Ley Integral de Aguas, una legislación que los habitantes de San Pedro Perulapán rechazan por
considerar que entrega el control de la institucionalidad encargada de gestionar el recurso hídrico a la ANEP.
Los miembros de las juntas de agua de Cuscatlán manifestaron que esta opción les deja en desventaja, ya que da control sobre el agua a instituciones con fines de lucro y desconoce la labor de solidaridad de los organismos zonales de cuenca.
Por lo anterior, exigieron a los diputados de los partidos de derecha que se retome el estudio de la Ley General de Aguas y los 92 artículos discutidos en legislaturas anteriores. Además, que se impulse una reforma constitucional que reconozca el vital líquido como un derecho fundamental, bien público, que debe ser gestionado por el Estado.
Las organizaciones también pidieron que se retire de la institucionalidad que gestionará el agua a COMURES y ANEP, y se sustituyan por ADESCOS, entidades sin fines de lucro, juntas de agua.
