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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Justo Pastor Rivera, presidente de la directiva de la comunidad Santa Carlota I situada en carretera a Apopa, en la zona de Valle El Ángel, cerca del ingenio que lleva el mismo nombre, señaló que: “somos más de tres mil familias que vivimos en distintas comunidades y nuestra preocupación principal son los niños”. Sus declaraciones fueron a su ingreso a la Corte Suprema de Justicia, a fin de peticionar junto a las organizaciones de la sociedad civil “medidas cautelares”, a fin de suspender la obra urbanística.
“Hemos dado infinidad de vueltas ante las autoridades y no nos quieren escuchar. Nosotros ya estamos mayores y podemos decir que ya vivimos, pero las criaturas que están naciendo en las comunidades El Cedral, Santa Carlota I, Campo de Oro, Pitarrillo I, Pitarrillo II, La Pinera y otra cantidad de comunidades que saldríamos afectados e incluso el mismo municipio de Apopa, porque hay muchas pipas para llevar el agua a donde no llega, porque todos nos ayudamos con este río Chacalapa y lo tenemos bien comprobado que esto termine con el río o que lo contamine”, afirmó.
Las organizaciones de la sociedad civil y comunidades que integran el Colectivo Salvemos Valle El Ángel solicitaron medidas cautelares en la suspensión del proceso de emisión del permiso ambiental, y la suspensión del Convenio de Cooperación entre la Administración de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y Sociedad Dueñas Hermanos Limitado, que le permitirá a la empresa extraer agua del manto acuífero.
Omar Flores (FESPAD/Colectivo Salvemos El Ángel), al referirse al convenio entre la ANDA y la empresa constructora que desarrolla el proyecto urbanístico Ciudad Valle El Ángel, aclaró que la Constitución de la República establece un procedimiento para otorgar la explotación de un bien de dominio público. Y, en ese caso, el agua que está en el subsuelo será entonces la Asamblea Legislativa la que tendrá que realizar este proceso de traspaso. “En el marco del convenio que se generó para el proyecto urbanístico de Valle El Ángel, no pasó por la Asamblea Legislativa, directamente lo otorgó ANDA y lo suscribieron la firma de los Hermanos Dueñas, lo que significa que se quebrantó el orden constitucional, y en ese marco hemos planteando ante la Corte Suprema de Justicia una demanda que pueda -en determinado momento- restablecer el orden constitucional y se pueda declarar inconstitucional ese convenio y dejarlo sin efecto, porque ANDA no cuenta con las facultades para realizar ese tipo de convenios, porque se trata de un bien de dominio público. Porque ese convenio tuvo que ser ratificado”, explicó Flores.
Fue el pasado 4 de octubre cuando el Colectivo Salvemos Valle El Ángel interpuso una demanda, esta demanda de inconstitucionalidad (ANDA/Dueñas), que permite a la empresa constructora la perforación de ocho pozos profundos y el desarrollo de obras complementarias, del Proyecto Ciudad Valle El Ángel, en el municipio de Apopa, San Salvador, que se firmó por ambas partes el 9 de febrero de 2016, según las organizaciones “contiene una concesión implícita o encubierta”, sobre la cantidad de agua a la que puede acceder la empresa urbanizadora.
“Nosotros creemos que aquí hay muchos intereses de por medio, sabemos de la familia Dueñas y el poder que tienen y que nos les importa el medio ambiente o el quebranto del orden legal del país, así como, algunas personas de la administración pública se prestan a este tipo de situaciones. Y el nuevo Gobierno no es la excepción, algunas organizaciones del Foro del Agua se han enterado de un posible otorgamiento de los permisos ambientales para la construcción de ese complejo urbanístico y se suman las declaraciones del viceministro de Medio Ambiente (Alex Hasbún), que trata de minimizar el impacto ambiental que tendrá la zona y creo que es por la lógica del desarrollo, desde una concepción estrictamente economicista, que no permite ver una lógica de un desarrollo integral, sostenible para la población”, reafirmó.
En ese sentido, las organizaciones y comunidades, ante un “inminente” otorgamiento del permiso ambiental a la empresa constructora, se hicieron presentes ante la Corte Suprema de Justicia y demandaron justicia como defensores de derechos humanos.
Carlos Flores, del Foro del Agua y del Colectivo Salvemos Valle El Ángel manifestó que la Sala de lo Constitucional (CSJ) lleva dos meses sin pronunciarse ante la demanda de inconstitucionalidad presentada por ellos, sobre el uso de bienes naturales como el agua y la tierra.
“Este otorgamiento dentro del convenio entre ANDA y los hermanos Dueñas consiste en ceder 240 litros de agua por segundo, para la urbanización exclusiva del proyecto urbanístico Valle El Ángel; en su momento les pedimos la investigación a los magistrados sobre esta inconstitucionalidad, ahora les solicitamos medidas cautelares, para prevenir a instituciones como el MARN para que no entreguen los permisos ambientales, que sabemos están a punto de entregarlos, no se puede permitir que se asignen, documentación que le asigne derechos sobre el agua a la familia Dueñas. Es por esto que venimos de manera urgente ante la Sala de lo Constitucional, para que recuerde que tiene pendiente recibir la demanda de inconstitucionalidad y otorgar las medidas cautelares”, puntualizó.
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