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Por René Quenallata Paredes/La Paz/Xinhua
Hablar un idioma nativo como el aymara, cialis quechua, pills guaraní u otro de las 36 lenguas reconocidas en Bolivia se constituirá en un requisito para la admisión a un cargo en la administración pública en los gobiernos nacional y subnacional o puede será un elemento de permanencia de los funcionarios en su fuente laboral, en cumplimiento de la ley.
Los idiomas oficiales del Estado de Bolivia son: el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos como el aymara, araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimane, ese ejja, guaraní, guarasu´we, guarayu, itonama, leco.
Además de machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, quechua, airionó, tacana, tapiete, toromona, uruChipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré y zamuco.
El viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, en entrevista con Xinhua, aclaró que si un funcionario público no sabe un idioma nativo está incumpliendo la Constitución y la ley, lo que implica que el inmediato superior que lo contrate estaría faltando la normativa o si deja pasar sería pasible a la acusación por omisión.
No obstante a la obligatoriedad para que los funcionarios hablen dos idiomas, entre ellos un originario, la Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas ni su reglamentación establecen sanciones para aquellas personas que incumplan la normativa.
Ante esta situación anunció que se evaluará después de este 2 de agosto, cuando se cumpla el plazo, las medidas a asumir desde los ministerios de Educación, de Culturas, la Escuela de Gestión Pública, el viceministerio de Descolonización quienes tienen que ver con la aplicación de esta ley.
«No se pretende defenestrar a nadie, lo que queremos que haya una voluntad comprometida de los ciudadanos para cumplir la ley. Ingresaremos a una etapa de evaluación para imponer sanciones u obligaciones que pueden ir por varias alternativas», agregó.
El presidente Evo Morales advirtió el domingo 26 de julio, en un acto en el municipio de Puna en el departamento de Potosí, que a partir del cumplimiento del plazo se despedirá a aquellos funcionarios que no sepan hablar una lengua nativa.
La Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas fue promulgada en Sucre el 2 de agosto de 2012.
En su artículo tercero de las disposiciones transitorias establece «Para el cumplimiento del artículo 5, el artículo 234 y la Disposición Transitoria Décima de la Constitución Política del Estado, toda servidora o servidor público que no hable un idioma de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, deberá aprender el idioma de la región a nivel comunicativo, de acuerdo al principio de territorialidad, en un plazo máximo de tres años».
En Bolivia hay 350.000 servidores públicos, el 50 por ciento se inscribió en la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, manejada por el Ministerio de Educación y el Viceministerio de Descolonización, donde se dan cursos de idiomas originarios, pero de esta cifra serán recién 2.500 personas las certificadas.
El otros 50 por ciento, está dentro de los que conocen algún idioma, pasan clases privadas o incumple la ley.
Media ambigua y compleja
El politólogo Ludwing Valverde manifestó que la normativa vigente que obliga a los funcionarios a aprender un idioma nativo por principio de territorialidad es compleja y ambigua porque existen varios obstáculos para facilitar el cumplimiento de esta obligación.
Consideró que en primera instancia no hay una reglamentación clara en la que establezca una sanción específica lo que supone el incumplimiento, además dijo que no se dieron las condiciones necesarias desde las instancias llamadas a la enseñanza, por el gran número que representa la administración pública.
Asimismo enfatizó que la aplicación de la normativa debe ser socializada, asimilada e implementada progresivamente, como sucede con otras medidas legales. «Como está la norma es ambigua porque o precisa sanciones, pero a la vez exige obligatoriedad», agregó.
A decir del politólogo, este instrumento incluso puede ser utilizado hasta coercitivamente para proceder a despidos y poder cambiar personal de confianza de alguna autoridad que dirija una instancia pública.
Por su parte, el ex diputado y disidente del MAS, Ever Moya, exigió al presidente Evo Morales, el vicepresidente Alvaro García y ministros de Estados dar el ejemplo a los funcionarios públicos, demostrando el conocimiento de un idioma originario.
«Estoy de acuerdo que se tiene que fomentar a los bolivianos hablar una lengua nativa. Pero es muy preocupante que las principales autoridades del país, no muestren este ejemplo, espero que lo hagan públicamente. Será importante el concurso de los periodistas para que fiscalicen este punto preguntando en un idioma nativo», agregó.
Descolonizacion
De acuerdo con la explicación del viceministro Cárdenas, el tema de la obligatoriedad del idioma viene en el marco de descolonización, «no es solo el idioma sino todos los componentes que tienen que ver con la cosmovisión de los pueblos indígenas, esta cosmovisión es el sustento ideológico del proceso de cambio que experimenta Bolivia».
Considera que el Estado Plurinacional no será tal sino se da un proceso profundo de descolonización como establece el artículo 9 de la Constitución.
A decir del viceministro, se entiende el proceso de la descolonización porque Bolivia es un país colonial y colonizado, con leyes, educación, religión, institucionalidad, idioma, entre otros.
Precisó que a los servidores públicos en este diseño no sólo se les está induciendo a hablar un idioma nativo, sino que es todo un componente como saber qué es una wiphala, por qué la Constitución contempla los principios del ama sua (no seas ladrón), ama llulla (no seas mentiroso) y ama quella (no seas flojo).
«En esa lógica se debe entender el tema del idioma, pero la obligatoriedad del aprendizaje es componente importante dentro de la descolonización y la construcción del Estado Plurinacional», aseveró.
Para la autoridad, el funcionario público se constituye en el brazo operativo para la cristalización del Estado Plurinacional.
