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José Acosta
El diputado Johnny Wright Sol sostiene que la causa de la crisis hídrica en el país es una mala administración, buy cialis indudablemente es una manera simplista de analizar un problema complejo, prescription que tiene raíces históricas en un desarrollo sin regulaciones en las zonas de recarga hídrica. Así mismo un problema estructural es que no existe ninguna institución responsable de la gestión de los recursos hídricos que garantice su aprovechamiento de manera sostenible. De haber aprobado la Ley de Agua, stuff 10 años atrás, esta realidad sería distinta.
La falta de regulación permite a los propietarios de campos de golf, compañías embotelladoras, productores de caña de azúcar, y otros intereses privados utilizar toda el agua que quieran, no importa la forma en que afecta a las comunidades locales. Un medio de comunicación publicó hace unas semanas que un campo de golf tiene toda el agua que necesita mientras que las poblaciones cercanas luchan para satisfacer sus necesidades diarias. Del mismo modo, los residentes de la región del Bajo Lempa en Usulután sostienen que los productores de caña de azúcar están agotando las fuentes de agua.
Por otra parte, persisten intereses comerciales y políticos conservadores que sostienen que el agua es una mercancía que se compra y se vende, y la única manera de administrarla eficientemente es dejando que sea el mercado quien se hace cargo. Este pensamiento neoliberal es rechazado por diversas organizaciones de la sociedad civil argumentando que el agua es un bien común y su acceso es un derecho humano básico. Estas visiones opuestas no son exclusivas de El Salvador. Los Estados Unidos, Bolivia, India y otros países de todo el mundo han luchado, a veces violentamente, sobre si el agua es un derecho o una mercancía.
Una forma de garantizar que el agua se mantiene como un derecho humano y no como una mercancía es la participación social, en este sentido un actor importante son las juntas administradoras de sistemas de agua comunitarios, de hecho en el país existen 2,366 juntas locales que proporcionan agua a por lo menos el 40% de la población y que además hacen una labor de educación sobre el buen uso de agua. Un ejemplo de una junta local empoderada es la Asociación de Usuarios de Agua de la Zona Rural de Tonacatepeque, ABAZORTO que sirve a 1.700 familias. Además de proporcionar agua, protege las zonas de recarga de acuíferos con actividades de reforestación y conservación, y promueve la agricultura sostenible. También tienen un equipo de promotoras que va de puerta en puerta y llevan a cabo talleres en las escuelas para enseñar a la comunidad sobre la gestión del agua.
Recientemente, el presidente de ANDA y un bloque de legisladores del FMLN solicitó a la Asamblea Legislativa que declare de interés social a las juntas comunitarias de agua. Este tipo de apoyo es una parte importante en la gestión del agua, pero hace falta poner límites a los intereses particulares que explotan los recursos hídricos del país. La única forma de lograrlo es mediante la aprobación de la Ley General de Aguas, que debería hacerse sin más demora.
La ausencia de esta ley equivale a una privatización de facto, porque intereses privados continúan utilizando el agua a su antojo, sin ningún tipo de supervisión ni control. Sin duda la actual crisis no es un problema de administración, es de gestión y debemos enfrentarla comenzando por aprobar la Ley. Hablemos de agua señor diputado, pero hablemos de forma honesta.
